La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la JEP dejar en libertad al general retirado Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, como una medida de “confianza”.
Para el Ministerio Público, Santoyo ha cumplido con la medida de cinco años mínimo privado de la libertad, de acuerdo a lo que ordena la ley en los casos de integrantes de la Fuerza Pública, por lo que concederle la libertad funcionaría para que el general retirado consiga más pruebas que aporten a la verdad.
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En el escrito que fue conocido por la W, la Procuraduría señala que “si el compareciente goza de libertad, podrá ubicar información y realizar entrevistas para hallar información que le permitan enriquecer sus aportes de verdad”.
Otra de las razones con las cuales la Procuraduría argumenta su petición ante esta jurisdicción es que en la primera instancia no se justificó de forma debida la negativa para concederle la libertad al general retirado.
“Dentro de los dos procesos penales tramitados contra el compareciente no se ha desvirtuado, por ahora, su presunción de inocencia, por tanto, le asiste el derecho de no aceptar responsabilidad penal por las conductas investigadas”, señala en el documento la PGN, además de reiterar que no se le puede pedir a Santoyo que se “autoincrimine”.
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En la última audiencia ante los magistrados, el ex jefe de seguridad de Uribe Vélez negó los presuntos nexos con Diego Murillo; “Don Berna”, y otros paramilitares, sin embargo, dio información sobre el coronel retirado Danilo González y otros policías de rango bajo, una información que la Procuraduría considera como un aporte valioso, pues narró “aspectos que conocía atendiendo la naturaleza de las funciones que desempeñó al interior de la Policía Nacional”.
El general retirado Mauricio Santoyo fue condenado en Estados Unidos por el apoyo brindado en narcotráfico a las AUC y en Colombia está siendo procesado por delitos como paramilitarismo, lavado de activos y desaparición forzosa. Desde el mes de septiembre de 2021 fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz.
