El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación por no evitar la incursión guerrillera al casco urbano de Granada, Antioquia, del 7 de diciembre del 2000, que dejó 19 personas fallecidas, 21 heridos, 200 inmuebles destruidos.
La incursión la realizaron un grupo de al menos 600 guerrilleros de las Farc, que hicieron explotar un carro bomba en el comando de Policía, dejando varios agentes y civiles muertos.
Los familiares de tres de las víctimas, representados por la firma Javier Villegas Abogados, presentaron una demanda alegando que había información de Inteligencia de que este ataque se iba a realizar, sin que se tomaran las respectivas medidas de precaución.
El Tribunal señaló que el municipio apenas tenía 23 policías que soportaron la toma durante al menos 20 horas y que allí no había presencia del Ejército Nacional desde tres meses antes del hecho, lo que había causado una “gran indignación en la comunidad”.
Además, se destacó que un mes antes de la incursión se produjo una masacre de 21 personas en el casco urbano de Granada y desde ese momento “ya se rumoraba sobre el ataque a la estación de Policía local, lo cual fue informado a la Fuerza Pública”
“La Fuerza Pública omitió sus deberes de protección a la vida e integridad de la comunidad, tanto así, que el municipio solo contaba con 23 policías, y pese a las amenazas directas sobre esta localidad no se tenía por el Ejército Nacional un plan de acción que garantizara la protección de la población, al punto que cuando ocurrió el ataque, estuvieron a merced de los insurgentes por espacio de veinte (20) horas, sin que recibieran apoyo de las Fuerzas Militares, lo cual se tradujo en una flagrante violación de los derechos fundamentales de los habitantes de la zona, así como de las normas del Derecho Internacional Humanitario, habida cuenta, la multiplicidad de masacres, desplazamientos, y en general, el terror y zozobra constante a la que terminaron sometidos los Granadinos”, dice el fallo.
De acuerdo con la determinación del Tribunal, es irrefutable que “la Fuerza Pública estaba advertida de la inminente incursión guerrillera”, debido a los constantes hostigamientos en contra de la policía que se habían presentado.
“Sin embargo, lo único que hicieron para repeler un eventual ataque fue enviar un grupo e contraguerrilla de 25 uniformados de la Policía Nacional, los cuales no eran suficientes para detener el actuar violento de por lo menos 600 guerrilleros, aunado, el Ejército Nacional brilló por su ausencia, durante las aproximadas 20 horas que duró la toma guerrillera no hicieron arribo al lugar”, agrega el fallo.
El Tribunal consideró que se presentó una falla en del deber de proteger a los ciudadanos y ordenó una millonaria indemnización a las víctimas.
