Cuatro personas, al parecer trabajadores de una finca, fueron asesinados por integrantes de un grupo armado ilegal en zona rural del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.
Los hechos, según conoció EL COLOMBIANO, ocurrieron en la noche de este miércoles, luego de un combate entre los Caparros y el Clan del Golfo en una finca conocida con el nombre de Rincón Santo, ubicada en la vereda Manizales de Cáceres.
Al parecer uno de los grupos se retiró de la zona y los armados que quedaron en la finca, que aparentemente fueron los del Clan del Golfo, ingresaron a una de las viviendas, desplazaron a una mujer y a su hija menor de edad, y asesinaron a cuatro de los trabajadores del predio.
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“Al parecer los dueños de la finca estaban pagando extorsión a ‘los Caparros’ de un millón de pesos mensual, pero tres días atrás los del Clan llegaron ahí a tomar agua, descansar y cargar celulares. Una hipótesis es que, luego del combate, ‘los Caparros’ mataron a esas personas por una supuesta retaliación por colaborar con sus enemigos”, dijo una fuente judicial.
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Las víctimas fueron identificadas como Alexánder Fabio López Rivero de 41 años, Gabriel Enrique Ávila Montalvo de 51 años, Wilberto Manuel Beltrán Roqueme de 48 años y William Antonio Beltrán Carrillo de 23 años.
Conflicto que no para
La guerra entre los Caparros y el Clan del Golfo, que se disputan el territorio del Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, lleva más de dos años. Los municipios más afectados por este conflicto son Tarazá y Cáceres en Antioquia y San José de Uré en Córdoba.
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Ejército, Policía y Fiscalía afirman que la lucha es por las rentas ilegales que brindan los cultivos de uso ilícito, la extorsión y la explotación ilegal de yacimientos mineros.
Esta guerra ha generado gran cantidad de desplazamientos en la región, siendo el municipio de Tarazá el más perjudicado. Según la Unidad para las Víctimas, en esa población, se registraron entre 2018 y el 22 de enero de 2020, nueve eventos que afectaron a 282 familias, es decir, 829 personas.
Tanto Ejército como la Policía reforzaron su presencia en el Bajo Cauca y bajo una orden presidencial, el objetivo es aumentar las operaciones contra estas estructuras armadas. Se estima que en esa subregión de Antioquia, hay por lo menos seis mil integrantes de la Fuerza Pública.
Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, explicó que desde este miércoles conocieron la situación, pero que hasta este jueves lograron llegar con unidades del CTI, la Policía y el Ejército para realizar la inspección técnica de los cadáveres.
La primera hipótesis, según el funcionario, apunta a que se trató de una retaliación contra los dueños de la finca donde se dieron los hechos, por el no pago de extorsiones. “La información preliminar es que son aparentemente Los Caparros los responsables”, indicó Suárez.
