Aunque el crecimiento del Registro Único de Víctimas no es tan exponencial como lo fue al principio de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, cuando superaba el medio millón cada año, la cifra récord de los nueve millones de afectados por las hostilidades está muy cerca.
Al cierre de 2019 se registraron 8.953.040 víctimas del conflicto armado, y si se tiene en cuenta que el año pasado (justamente el periodo con menos registros), se sumaron 158.508, es altamente probable que 2020 termine con más de nueve millones. Esto representa un enorme reto para el Estado colombiano que debe cumplirle a los afectados por la violencia.
Desde 2010 han sido indemnizadas administrativamente 1.000.074 personas, entre quienes el Gobierno ha repartido 6,7 billones de pesos según la Unidad para las Víctimas, y eso que esta es solo una de las medidas de reparación contempladas en la Ley. Si se suman las demás medidas individuales, la entidad ha invertido, al menos, 12,4 billones de pesos. (Ver Informe)
De momento, la vigencia de esta Ley va hasta junio de 2021, aunque ya la Corte Constitucional dio un ultimátum al Congreso advirtiendo que si no legisla sobre una prórroga, la norma tendrá automáticamente otros 10 años.
Actualmente, en el Congreso cursan dos proyectos que buscan aumentar su vigencia, uno por 20 años y otro por 10. Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, explica que “la instrucción del presidente Duque es que para no congestionar al legislativo apoyaremos el proyecto al que mejor le vaya en su trámite, pero agregaremos al menos cinco proposiciones”.
Entre ellas destacó el fortalecimiento de la fuerza institucional para mejorar todo el sistema de atención y reparación, la coordinación con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la implementación de otras medidas de indemnización que incluyan, por ejemplo, el pago de educación superior.
El plan eran 4 millones
Cuando se planeaba la Ley 1448, el Gobierno contaba con que tendría que atender a 4 millones de afectados por el conflicto, así se lo mostraban las cifras manejadas por diversas entidades del Estado que venían trabajando sobre ese censo, e instituciones de la sociedad civil como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
“Paradójicamente cuando se planeó la Ley, no se contempló que fueran incluidos los desplazados, porque previamente fueron atendidos con ayudas humanitarias, pero después la Corte Constitucional ordenó incluirlos en el registro e indemnizarlos, lo que ocasionó el aumento del registro”, explicó Juana Dávila, directora de Justicia Transicional de Dejusticia.
Lógicamente, a más víctimas son necesarios más recursos que en estos nueve años no han logrado suplirse, como dijo Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas: “la Ley nació desfinanciada y sigue desfinanciada a la fecha, con el agravante de que como seguimos en conflicto, cada día se generan nuevas víctimas”.
Y es que si se han entregado 6,6 billones de pesos para la indemnización administrativa de 1 millón de víctimas podría calcularse que reparar a 7,2 millones que tienen derecho, costaría 47,52 billones de pesos. Por eso Burgos reclama que el Gobierno, más allá de darle un nuevo periodo de 10 años a la Ley de Víctimas, resuelva “cómo es que la va a financiar, porque de lo contrario va a cojear por algún lado”.
Al respecto, Dávila advierte que “el Estado cuenta con los recursos humanos, financieros y legales sumados la obligación de reparar a esas víctimas, pero es un asunto voluntad política. Las decisiones de inversión en un Estado son finalmente el fruto de unas preferencias políticas, de quien tiene en ese momento el poder de gasto”.
Para conseguir esos recursos, Rodríguez, el director de la Unidad, aclara que se están “utilizando ahorros de proyectos de inversión; el Ministerio de Hacienda está haciendo esfuerzos, para este año nos entregó 100.000 millones de pesos más; y, además, en la coordinación con municipios PDET podremos arrastrar recursos del Fondo Multidonante de la ONU para los planes de reparación colectiva. La idea es repararlos a todos y en ello trabajamos”.
¿Qué se puede hacer?
De acuerdo con Dávila, es necesario acelerar el ritmo de las indemnizaciones administrativas, ya que esta es la medida más rápida de implementar y juega con el tiempo en contra, ya que mientras más dure la situación de vulnerabilidad y las familias maduren es más complejo que ese dinero pueda ser invertido en momentos clave de la vida como, por ejemplo, en la educación de los hijos.
“La Unidad tiene que mantener el norte en que lo que busca es una reparación transformadora, como tomadores de decisiones deben hacer un esfuerzo en agilizar los procesos internos y que las otras medidas de reparación se puedan ejecutar más rápido”, concluye Dávila.
