La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el grupo de líderes sociales que sufrió un ataque el pasado sábado en la vereda Lomitas, jurisdicción de Santander de Quilichao, norte del Cauca, en el que se encontraba la defensora de derechos humanos Francia Márquez, continúa recibiendo amenazas.
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Según la ministra, como medida de prevención, las autoridades convocaron a una reunión con los delegados de los distintos consejos comunitarios en el Cauca para revisar las medidas de protección, teniendo en cuenta que los escoltas y los esquemas individuales no son suficientes.
“La Defensoría del Pueblo en la alerta temprana que mandó al Ministerio el pasado 26 de abril reconoce que esa actuación de grupos armados al margen de la ley. Entre ellos están los disidentes de la extinta guerrilla de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el EPL y las Águilas Negras que mantienen una disputa por el control territorial en cuanto a narcotráfico y a minería ilegal”, agregó la funcionaria.
Gutiérrez señaló que el Gobierno está brindando protección a 7.400 personas de las cuales 4.500 son líderes sociales. Dijo que hay cerca de 600 acciones colectivas que apuntan a salvaguardar la vida de los defensores de derechos humanos.
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En este sentido, Gutiérrez aseguró que el Gobierno está trabajando en la reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que esta pueda ser más efectiva. Y por su parte, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía anunciaron que empezaron investigaciones para dar con los responsables del ataque.
En el atentado también estaban presentes los líderes sociales Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón, ente otros defensores de derechos humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (ACONC), y ocho escoltas de la UNP, de los cuales dos fueron heridos.
