En el esfuerzo hecho por la Comisión de la Verdad para buscar un esclarecimiento del conflicto armado colombiano, era imprescindible la construcción de un relato más sólido sobre lo que ocurrió con los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”: crímenes cometidos por la fuerza pública, que consistían en desaparecer y asesinar a jóvenes inocentes para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, con el fin de recibir los incentivos que estos resultados traían.
Así lo destacó el mismo Francisco de Roux, presidente de la Comisión, en la entrega oficial del informe final este martes –para el que los comisionados y los grupos de investigación realizaron 14.000 entrevistas y conversaron con más de 30.000 personas durante tres años y siete meses–, aludiendo a que lo ocurrido con estos casos fue un “comportamiento corporativo persistente”.
Sobre las víctimas de esta modalidad, el padre De Roux enfatizó: “Si hubieran sido 10 sería gravísimo; si hubieran sido 100, sería para exigir el cambio de un Ejército. Fueron miles y es una monstruosidad”.
Exacerbación de los casos entre 2002 y 2008
Según el informe, la realidad de lo que estaba ocurriendo con los “falsos positivos” solo se empezó a ver en el 2008, cuando las madres de Soacha comenzaron a hacer públicas sus denuncias, en las que relataron que sus hijos habían sido engañados con ofertas de trabajo y luego aparecieron como supuestos guerrilleros muertos en combate.
Sin embargo, “las denuncias de los crímenes de Estado no fueron reconocidas, a pesar de
los enormes esfuerzos de las víctimas y organizaciones de derechos humanos por hacerlas”, resalta un capítulo del documento presentado este martes, que tiene cerca de 900 páginas.
La Comisión de la Verdad detalla que el periodo de exacerbación de los “falsos positivos” se dio entre el 2002 y el 2008, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez; periodo que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) agrupa el 78 % del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro (entre 1978 y 2016), dejando al menos 6.402 víctimas.
En este lapso, explica el informe, se consolidó una “política de gobierno” –respaldada por otras ramas del poder público– “para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”. Una política cuya motivación central fue la eliminación del opositor a como diera lugar, como relata el documento.
A propósito, el Centro Democrático, cuyo líder natural es Uribe Vélez y férreo defensor de las Fuerzas Militares, enfatizó en un comunicado que no considera “apropiado que se establezcan verdades definitivas o dogmáticas sobre el conflicto y sus actores” y anunció que hará un estudio riguroso, contrastando con varias fuentes, para compartir su punto de vista.
De igual manera, el partido afirmó que “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los falsos positivos en el país”, lo que contrasta con lo ya citado del informe de la Comisión de la Verdad.
Acción y omisión de las instituciones
La Comisión de la Verdad subraya en el documento que el papel asumido por la justicia penal militar consistió en encubrir y atenuar las pruebas existentes sobre ejecuciones extrajudiciales, operando “como un mecanismo de impunidad durante décadas”.
Fue precisamente por hechos como este que la Corte Constitucional emitió sucesivas sentencias para limitar el ámbito de competencia de la justicia penal militar, según recuerda el informe, pero esto no evitó que “hasta hace muy poco” se dieran demandas por conflictos de competencia que, aunque se han resuelto, “han retrasado los procesos y limitado la investigación en las fases iniciales”.
Así mismo, el documento destaca que hubo complicidad y participación de algunos integrantes de la Fiscalía y el CTI, que certificaron pruebas falsas e implementaron evidencia fraudulenta para contribuir a la dinámica de “legalización de cadáveres”, generando un “esquema de impunidad”, según señala el documento. Además, los autores se sirvieron de la connivencia de paramilitares, algunos civiles y funcionarios de Medicina Legal para ocultar los crímenes.
Pese a estas acciones que iban en contravía de los derechos humanos, la Comisión de la Verdad aclara en el informe que amplios sectores de la fuerza pública han cumplido con la ley y la Constitución y se han comprometido con el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Así mismo, resalta que varios de los exmilitares que han participado en el reconocimiento de su responsabilidad en el conflicto armado “han sufrido amenazas e incluso atentados, lo que muestra un intento de silenciar estas verdades que no puede ser tolerado”.
En lo relacionado con falsos positivos, el informe recuerda que hubo jueces penales militares que “legalizaron hechos y falsearon actas”, pero que algunos “se negaron a participar en los encubrimientos y no faltó el funcionario que se vio forzado a salir al exilio”.
La Comisión de la Verdad expuso en el informe que el año en que más casos ocurrieron fue 2007, mientras que en 2008 disminuyeron drásticamente, “después de la destitución de 17 generales y mandos y de una investigación interna en el Ejército ante las denuncias de muchas familias, que habían sido negadas hasta entonces”.
Según información recopilada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el 56% de los municipios del país se registró al menos una ejecución extrajudicial en los últimos treinta años como parte del conflicto armado.
