Entre el 16 y el 23 de septiembre de 2021, Colombia atestiguó nueve asesinatos de miembros de comunidades indígenas, todos perpetrados en la región del Pacífico.
De ellos, seis casos fueron reportados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, (ver recuadros) en Nariño (tres), Chocó (dos) y Cauca (uno). No obstante, la Ong Indepaz, reportó otros dos en los mismos departamentos (Jesús Alexánder Chepe Ulcué y David Aricapa Viscue, ambos en Cauca). En el trabajo de documentación de este diario, las familias pidieron no publicar sus fotografías por respeto a su memoria.
El último asesinato, reportado este jueves, sucedió en Jambaló, al nororiente del Cauca. Allí fue atacada con arma de fuego Ilia Pilcué, una adulta mayor indígena, cuando se movilizaba desde la parte alta de La Laguna hacia el sector de Loma Redonda, a dos horas del casco urbano de esta localidad.
En este contexto, los pueblos y naciones indígenas representadas en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) rechazaron los homicidios y señalaron como sus causas la disputa por las rutas del narcotráfico entre Eln, disidencias de Farc y otros grupos ilegales. También al incumplimiento del Acuerdo de Paz, en lo que consideran son hechos sistemáticos que la Fiscalía debe investigar.
Según Norey Quiguá, secretario técnico de la Confederación Indígena Tayrona, 43 líderes étnicos han sido asesinados en Colombia en este 2021, “a lo que se suman seis compañeros más en los
últimos días”. Además de estos crímenes el Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas ha registrado 58 homicidios en estos primeros nueve meses.
Por eso, la Mesa les pidió a los grupos ilegales detener el “etnocidio físico y cultural” contra sus pueblos, pues proteger sus territorios de quienes se disputan el control de las rentas de la droga ilegal los está convirtiendo en víctimas de confinamientos, desplazamientos, amenazas y homicidios.
Voceros de las comunidades le pidieron Fiscalía celeridad en los casos y el acompañamiento de la Defensoría y la Procuraduría.
EL COLOMBIANO le consultó al Ministerio de Defensa sobre la seguridad de estas comunidades, pero desde la cartera indicaron que por ahora no se pronuncia