El gobierno del presidente Ivan Duque presentó en la tarde de este lunes el decreto con el que da un paso significativo para que en el país se vuelva al método de aspersión aérea como una forma de luchar contra los cultivos de uso ilícito.
El decreto 380 del 12 de abril de 2021 contiene, según palabras del ministro de Justicia, Wilson Orjuela, todo el marco normativo y de control de los riesgos para la salud y el medio ambiente que pueda conllevar la aspersión aérea con glifosato y, como reafirmó Orjuela, es de carácter reglamentario y contiene todas las acciones para la prevención en la afectación a la salud y a los recursos naturales de Colombia, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017, lo cual sería uno de los requisitos para que el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, decida si permite la reanudación de las fumigaciones.
“Son excluidas de la erradicación mediante aspersión aérea las áreas de los parques naturales, ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y manglares, cuerpos de agua y centros poblados. Además, se realizará la consulta previa cuando afecte directamente a las comunidades”, expresó Orjuela, ministro de Justicia.
El jefe de esta cartera agregó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla; y el Instituto Nacional de Salud, INS, realizarán seguimientos continuos sobre los efectos de los programas de aspersión al ambiente y la salud, y deberán entregar informes al CNE para que este adopte las decisiones pertinentes.
A su vez, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, indicó que se continuará con el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y se buscará cumplir con la meta de erradicación de 130 mil hectáreas de hoja de coca de forma manual, esto como complemento al programa de aspersión aérea que propone el Gobierno nacional.
“El operador será la Policía Nacional y se desarrollará, con base en plan de manejo ambiental, un programa automatizado y controlado en zonas donde hay cultivos extensivos industriales y donde hay presencia de grupos al margen de la ley que ponen en riesgo la vida de los erradicadores”, expresó Molano.
Datos del Ministerio de Defensa indican que erradicar una hectárea de cultivos de uso ilícito cuesta 4.8 millones de pesos a través de aspersión terrestre, $3.2 millones a través de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), $3.000.000 a través de la Fuerza Pública y “1.8 millones mediante la aspersión aérea. “Pero el factor económico no es lo mas importante, con esta última modalidad se están evitando muertes de nuestros héroes de la patria, el valor de esas vidas es incalculable”, dijo Molano.
Además, según informes de este ministerio, los grupos armados han recurrido al uso de minas antipersonal y francotiradores como una forma de defender estos cultivos y, entre el 7 de agosto de 2018 y el 9 de abril de 2021, murieron 28 miembros de la Fuerza Pública y 4 erradicadores, y quedaron heridos 160 miembros de la Fuerza Pública y 57 erradicadores por las acciones de los grupos ilegales en defensa de las plantaciones.
El Gobierno dejó claro que el decreto no reactiva automáticamente el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos.
