Al proyecto de ley de orden público con el que el presidente Gustavo Petro está allanando el camino para su paz total tiene otro mico.
En el artículo 2 del documento que entrará a su segundo debate en el legislativo apareció un componente que haría que el mandatario pueda trazar sus propias reglas de juego para negociar con los grupos armados, como el ELN, o con bandas del narcotráfico.
Ese numeral le da al presidente la capacidad de expedir “el marco reglamentario para el sometimiento de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que permita su tránsito al Estado de Derecho, la realización efectiva de los términos de sometimiento a la justicia y su desmantelamiento”.
Ese nuevo componente que conforma el articulado del proyecto de ley para “la paz total” permitiría, como se lee en el documento presentado por el gobierno, que sea el mismo mandatario el que ponga las reglas de juego para esas conversaciones con los actores ilegales.
El articulado le da la capacidad de “incorporar estándares que eviten la impunidad, medidas que aseguren los derechos de las víctimas y los cambios territoriales que garanticen la no repetición, así como mecanismos de justicia restaurativa para la reinserción de los miembros de la estructura, su reincorporación y la reparación del tejido social”.
Precisamente, los cambios que tuvo esa propuesta de ley de orden público han sido objeto de debate por los ítems que permitirían a Gustavo Petro dar indultos a dedo a los integrantes de la primera línea que fueron procesados por “terrorismo” durante las protestas.
Desde la oposición del Centro Democrático aseguraron que esos artículos no estuvieron en el primer borrador del texto que debatió el Congreso en el primer examen al articulado.
Es más, el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, reconoció que los congresistas de la bancada del Pacto Histórico agregaron esos componentes al documento que el legislativo apenas conoció en su nueva versión este miércoles.
“Ni ese artículo ni otros de un impacto muy importante para la estabilidad política del país aparecieran en las ponencias del primer debate ni se debatieron en el primer debate. Los ponentes incorporaron eso en el texto sin consultar con los partidos. Fue un asalto a la buena fe del Congreso de la República y por eso solicitamos un aplazamiento al debate”, cuestionó el representante a la Cámara Hernán Cadavid.
Incluso, desde partidos que hacen parte del ala del Gobierno, como el de La U, hay congresistas que se han ido bajando del tren de la ley de orden público con la misma queja.
La senadora Paloma Valencia dijo a este diario que hay dos “micos muy grandes” en el articulado: los indultos a los integrantes de la primera línea y la pretensión de “eliminar” el Capitolio.
“Pretenden eliminar el Congreso de la discusión sobre lo que viene haciéndonos casi que extrañar el fast track en el que no nos dejaban hablar. Ahora quieren que con la firma del presidente y los criminales eso se vuelva en política pública obligatoria. La ley de sometimiento la quieren sacar por decreto sin pasar por el Congreso y eso es un atropello a la democracia”, afirmó Valencia.
El debate sobre la propuesta de ley de orden público que traza las bases de la “paz total” estaba programado para este miércoles, pero fue aplazado para la próxima semana por los micos que denunció la oposición.
No obstante, desde Palacio están de acuerdo con que esos polémicos artículos se queden en el documento final. Como lo dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, “el Gobierno lo ve con buenos ojos porque vamos caminando hacia la paz total, hacia ese perdón de la sociedad tras momentos de protesta en los que hubo excesos, pero que esos excesos no los convierten ni en terroristas ni en delincuentes”.
