Zamora señaló en su testimonio que, aunque no podía recordar con exactitud cada palabra del mensaje recibido en su teléfono, en términos generales este decía: “doctora Martha Lucía, aproximadamente en la primera o segunda semana de noviembre se reunieron Jorge Leyva, Juan Carlos Losada, Alex Vernot y unos inversionistas o contratistas en el Hotel Le Grand de París. Ojo con esa reunión”. Además, explicó que ante la sorpresa de lo que decía, apuntó en un papelito la información, pero que al tratar de volver a abrirlo este había desaparecido porque se trataba de un mensaje temporal.
El caso de Losada es mucho más delicado porque se trata del actual director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de quien esta semana trascendió que había sido magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero, habría salido de allí en medio de delicados cuestionamientos, cuando su exjefe, el magistrado Alejandro Ramelli, lo denunció por destruir o suprimir archivos determinantes para la investigación de un caso de falsos positivos que involucra a 20 militares, ocurrido en el Batallón de Infantería N°21. El dato fue revelado por el periodista Daniel Coronell.
Ramelli dijo que el actuar del exmagistrado Losada puede “constituir falta disciplinaria y también delito”, el caso ya está a cargo de la fiscalía 74 especializada de Bogotá del Grupo Investigativo de Fe Pública y Orden Económico.
Pero el caso tiene otra arista que muestra cómo Losada y Leyva son viejos conocidos. Resulta que el hoy director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores fue el fiscal que hace unos 20 años absolvió al canciller Leyva en un proceso de injuria y calumnia, abierto por las denuncias del entonces vicefiscal, Jaime Córdoba Triviño, y el jefe de comunicaciones de la Fiscalía, Hernando Salazar Palacio. Los hechos ocurrieron en el año 2004.
Otra polémica historia tiene que ver con las multimillonarias demandas del caso Hyundai que tiene como protagonista al condenado empresario Carlos Mattos. Asunto que también une a Losada y a Vernot, ya que este último fue acusado de sobornar al abogado Luis David Durán, quien estaba preso en la cárcel Modelo de Bogotá y estaba colaborando con las autoridades contra Mattos.
El Tribunal Superior de Bogotá condenó al abogado Vernot, quien trabajaba para Mattos, por el delito de soborno en actuación pública con 72 meses de prisión y una multa de 50 salarios mínimos. En ese momento se supo que el Tribunal le negó la posibilidad del beneficio de casa por cárcel debido a que el condenado no tenía residencia en Colombia y llevaba tres años en Francia, país del que también tiene la nacionalidad.
Vernot es esposo de Laura Guillem, quien en agosto pasado fue nombrada por el Gobierno Nacional como embajadora ante la Unesco. Según información de Coronell, antes su nombre había sido propuesto para ocupar el cargo de embajadora en Francia, pero la cancillería del país galo nunca respondió, lo que en diplomacia es considerada una negativa a aceptar la postulación.
En respuesta al escándalo, Vernot no negó que conocía a Losada y a Jorge Leyva, pero señaló que no se había reunido con estos y que solo los vio en París cuando fue a recoger a su mujer, quien sí se reunió con ellos. Losada también negó cualquier señalamiento de una reunión conspirativa y dijo que viajó a Francia a un encuentro con el gobierno francés sobre el tratado de extradición vigente.
Sin respuestas
Cargando ese pesado saco de enredos y señalamientos, Álvaro Leyva llegó el pasado miércoles a la Comisión Segunda del Senado, donde fue citado para un debate de control político. Allí el canciller no solo dejó ver el curtido cuero de su experiencia política, al responder de forma retadora la mayoría de los cuestionamientos y manejar a su antojo el tiempo y el protocolo, sino que también aprovechó para decir que nunca había agredido de manera verbal a la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica. Además, hasta cuestionó el conocimiento del tema de la licitación a los congresistas que lo habían citado. “No se han leído las resoluciones”, dijo.
Incluso, el jefe de las relaciones diplomáticas del país dio a entender que Martha Lucía Zamora “quería convertir su salida en un episodio de maltrato cuando realmente lo que hay es un manejo deficiente de su parte e incluso comportamientos contractuales dudosos”.
Empeñado en su palabra, Leyva convirtió su defensa en un contraataque contra Zamora, así que durante su intervención anunció que denunciará a la exdirectora por supuestas irregularidades en dos contratos, uno con la firma GBS y el otro con Latham & Watkins.
Los congresistas decidieron incluir en el documento final la declaración que indicaba que no habían quedado tranquilos con las respuestas dadas por Leyva. “Sométase a consideración de la Comisión Segunda del Senado de la República la No Satisfacción de las respuestas entregadas por el canciller”.
Zamora no se quedó callada y respondió a Leyva de manera tajante. En tres mensajes cortos dijo que el canciller la señaló de una supuesta corrupción de la oficina a su cargo para defender su propia responsabilidad en el manejo delictivo de la licitación de pasaportes. También indicó que los contratos internacionales señalados por Leyva tuvieron que ser ampliados porque no preveían desde su inicio una tercera audiencia y que todos los contratos son rigurosamente vigilados.
“Cuando no se tienen argumentos se recurre a la agresión, a la injuria y calumnia. Ese fue el comportamiento que tuvo conmigo. Ojalá las cámaras corroboren la llegada a la sala de espera, su actitud retadora y el movimiento de sus manos”, agregó Zamora sobre el momento del encuentro con Leyva.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, volvió a opinar sobre el caso y dijo que “hay funcionarios que han actuado a favor de Thomas Greg & Sons para que se quede con la licitación de más de $500.000 millones. Eso se llama corrupción y debe ser investigado penalmente desde el inicio del proceso”.
Como colofón temporal del enredo, este viernes hubo una nueva audiencia de conciliación entre el Gobierno y la firma Thomas Greg & Sons, que tiene una pretensión de $117.000 millones por no habérsele adjudicado la licitación de los pasaportes tras ser el único oferente y cumplir los requisitos, la causa que motivó la pelea del canciller con Zamora. Al final no hubo acuerdo, pero todo apunta a que la conciliación se dará. Este martes habrá otra audiencia.
