Lo que parecía ser un acuerdo modelo para avanzar en la concertación y el diálogo en la difícil relación entre el Gobierno y el Congreso terminó siendo motivo de discordia entre las bases del petrismo. Tras la aprobación en tercer debate de la reforma a la educación en la Comisión Primera del Senado –que contó con el apoyo de congresistas de la oposición–, ahora sectores afines a Gustavo Petro convocan a paros y exigen, a raja tabla, que se eche para atrás lo acordado.
El reclamo viene nada menos que de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que alegan que lo pactado en el Parlamento no fue consultado y dejó de lado varias propuestas de los sindicatos. Sin embargo, van más allá y reclaman por privatización, retrocesos en garantías para el derecho a la educación y restringen su acceso.
No obstante, otra es la mirada de la senadora de oposición Paloma Valencia (Centro Democrático). Dejando de lado sus diferencias ideológicas con el Gobierno, en diálogo con EL COLOMBIANO reconoce que lo pactado hace parte de un trabajo conjunto que tiene a la educación como centro, le apuesta a la calidad y se aparta de los intereses de los sindicatos por privilegiar el de niños y adolescentes. “A Fecode no le gusta que los evalúen”, reclama.
Hay controversia y una convocatoria a paro por lo que acordó el Gobierno con otros partidos en la Comisión Primera del Senado frente a la reforma a la educación. ¿Qué fue eso tan polémico que pactaron?
El acuerdo básico es que una ley estatutaria no puede ser un límite a la alternancia del poder. Es decir, tiene que recoger la diversidad de posturas que hay sobre la educación en el país, porque la idea de las leyes estatutarias es que duren en el tiempo. Por ello, tiene que servir para desarrollar las políticas de la izquierda sobre la educación, pero también las políticas de quienes no somos de izquierda.
Justamente uno de los puntos más álgidos fue el tema de la evaluación docente. Fecode dice que detrás hay un interés perverso y punitivo, ¿es cierto?
Hicimos mucho énfasis en la importancia de la evaluación docente porque Colombia está perdiendo las pruebas Pisa. Los niños colombianos no leen bien, no entienden lo que leen, no saben matemáticas adecuadamente y no tienen una formación básica en ciencias. Por ello, necesitamos poder evaluar a los docentes para garantizarles la educación.
¿Por qué? La mayor desigualdad e inequidad que tiene Colombia está en la educación. Un niño con recursos puede ir a un colegio privado donde recibe la mejor educación posible. Un niño sin recursos queda en la educación pública, donde ni siquiera es posible evaluar la calidad de quien le está enseñando. Tenemos que tomar medidas.
A Fecode no le gusta que los evalúen, considera que eso tiene que ser una cosa pedagógica, porque el derecho a mantener el trabajo es más más importante que el derecho a la calidad de la educación de los niños. Lo importante –como lo dice la Constitución– son los derechos de los niños.
Otro asunto que ha levantando ampolla es un criterio auxiliar para la evaluación de los docentes con base en el rendimiento académico de sus estudiantes...
Sí, queremos que el rendimiento académico de los estudiantes en los exámenes de Estado sirva como criterio auxiliar para evaluar al docente. Es decir, si a un colegio más o menos le va igual en todas las materias, pero hay una en la que a los jóvenes y niños les va especialmente mal, pues ahí hay una señal sobre cómo el profesor es malo.
Pero puede ser todo lo contrario: a un colegio donde a todos les va muy mal y hay una materia donde les va súper bien a los estudiantes, ahí hay una señal de un profesor que se tiene que cuidar y defender.
Otro tema que incluimos fue la empleabilidad como un criterio para la formación. Ello implica que cuando a usted lo forman, la oferta académica tenga en cuenta el sistema productivo colombiano. Lo que no puede pasar es que se gradúe un montón de pelados que terminen con el diploma colgado en la sala y desempleados. Hay que tener en cuenta el mercado y el sector productivo para que los jóvenes puedan no solamente estudiar, sino graduarse y conseguir un trabajo que les cambie la vida.
Fecode también se queja del enfoque mixto de la educación, reclamando que apunta a la privatización y mercantilización del derecho. ¿Es así?
Incluimos y defendimos el sistema mixto de educación, es decir, público y privado, porque para nosotros la diferencia no está entre la educación pública y la privada, sino en la educación con calidad y sin calidad. El Estado, usando por supuesto una relación costo-beneficio, debe invertir en la educación de calidad que le transforme la vida a los jóvenes y no simplemente, como pretendía el Gobierno en la educación pública.
¿Por qué un enfoque que parece razonable –privilegiar la educación tanto pública como privada– ha generado tal resistencia?
Porque acá ha habido una tendencia a decir que el Estado solamente puede ofertar educación pública y eso es como tener una clientela cautiva y decir que los niños colombianos no tienen derecho a elegir. Bajo ese planteamiento, los padres de pocos recursos en Colombia les toca la educación pública sí o sí.
Queremos defender el derecho del padre de familia colombiano a decidir dónde se invierte la plata del Estado y él es el más indicado para decir a qué colegio quiere que vaya su niño, por supuesto con una relación costo-beneficio. Ni más faltaba que estemos diciendo que se paguen los colegios más costosos de Colombia, pero sí que la gente pueda escoger entre colegios públicos y privados con un precio similar donde la diferencia sea la calidad.
En materia de autonomía universitaria, ¿qué fue lo que se acordó?
Eliminamos la pretensión del Gobierno de que todas las universidades públicas y privadas eligieran su rector a través del voto popular de estudiantes y comunidad.
¿Para evitar lo que pasó en la elección del rector de la Universidad Nacional?
Claro, precisamente para evitar lo que pasó en la Universidad Nacional, que es pretender meter las universidades en el debate político y obligarlas a estar sujetas a las causas políticas. Una de las grandes conquistas de la Constitución del 91 fue la autonomía universitaria, que consiste precisamente en que las decisiones de la universidad las toman la propia universidad y no el Gobierno.
¿Qué reflexión le deja la convocatoria a paro de este miércoles 12 de junio?, ¿cómo interpreta semejante resistencia a un acuerdo que permitió destrabar una reforma del propio Gobierno?
Ambos, tanto Fecode como la CUT, son los financiadores del Gobierno y le donaron. Siguiendo la interpretación del senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, aquí ellos están frente a sus financiadores y esos financiadores se sienten con derecho a exigir que el Gobierno actúe de acuerdo con sus intereses, pero aquí lo que tiene que primar no son los intereses de los sindicatos, sino los derechos de los niños que es lo que ordena la Constitución.
¿Queda tranquila usted tal como quedó aprobada la reforma?
Sí, yo creo que no es perfecta, pero es un buen acuerdo y Colombia tiene que acostumbrarse que las mejores normas son aquellas que recogen a todo el mundo.
¿Cree que el Gobierno, ante la presión de los sindicatos, eche para atrás lo acordado?
No he hablado con ellos. Espero que no se bajen del acuerdo porque para Colombia es muy importante entender que sí se puede llegar a acuerdos y que hay normas que nos pueden recoger a todos, independientemente de las diferencias ideológicas. Hay que deponer el discurso ideológico y poner por encima los derechos de los niños y el derecho a los jóvenes a tener una educación de calidad.
