Las organizaciones sociales y ONG de Colombia jamás imaginaron que la llegada de Donald Trump al Gobierno de Estados Unidos pondría a prueba su propia supervivencia. La decisión del mandatario de congelar por al menos 90 días los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) las dejó en una encrucijada: continuar brindando servicios a las poblaciones más vulnerables o asegurar su sostenibilidad financiera.
El año pasado, el 70,6 % de la financiación humanitaria en Colombia provenía de Estados Unidos, lo que evidencia el enorme impacto que tendrá la suspensión de estos recursos, especialmente en un contexto de crisis humanitaria agravada en varias regiones del país.
“La suspensión de la ayuda exterior por parte de los Estados Unidos impacta negativamente en el alcance de la capacidad estatal sobre el territorio y los ciudadanos más vulnerables. Esto es, que la desfinanciación afecta proyectos que fortalecen el alcance de la educación y la salud en zonas periféricas y pobres del país. Asimismo, existen riesgos sobre la continuidad de los proyectos por parte de desmovilizados que han querido emprender económicamente en zonas de postconflicto”, aseguró el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, Camilo González.
Los efectos de la medida de Trump ya se sienten en varias organizaciones, la mayoría dedicada a la lucha contra las drogas, defensa de derechos humanos y transformación del territorio. Cientos de colaboradores han tenido que suspender sus actividades y numerosos proyectos han quedado a la deriva.
Analistas advierten que esta decisión podría ser devastadora para las pequeñas ONG, muchas de las cuales no lograrán recuperarse del bajón presupuestal.
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“Mientras que los grandes contratistas internacionales y ONGs cuentan con equipos legales y de cumplimiento sólidos para enfrentar esta situación, los socios locales luchan por entender cómo responder y adaptarse. En este momento, todo depende de cuánto dure la suspensión, de cuánto dinero se pueda reembolsar a futuro por parte de USAID, en teoría, si se llega a reactivar la cooperación internacional por parte de Estados Unidos. Cada organización tendrá que solicitar ese reajuste equitativo para poder subsanar- Las organizaciones que siguen contratando a personas lo están haciendo bajo la expectativa de que ojalá eso se resuelva pronto”, añadió Camilo Forero, Consultor Independiente de Cooperación Internacional.
El experto agregó que la incertidumbre se agrava, especialmente debido a la falta de información en medio de la controversia.
“Esto perjudica a organizaciones internacionales y nacionales acá en Colombia, porque en este momento las organizaciones no pueden incurrir en nuevos gastos. Y hay gran incertidumbre sobre lo qué quiere decir. Salarios de personas que están hoy trabajando pueden continuar. Unos dicen que sí, otros que no. Todo está muy confuso, muy abierto a diferentes interpretaciones de lo que dicen las reglas y regulaciones de USAID, que en sí, sobre todo en el caso de subvenciones, no tienen tanto detalle”, dijo.
Entre las entidades afectadas por la congelación de recursos están la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en proyectos clave para la implementación del Acuerdo de Paz.
El impacto sobre la JEP es especialmente grave, ya que los fondos suspendidos estaban destinados a la reparación de más de 107.000 víctimas del conflicto armado en Colombia. Ante esta situación, el Gobierno de Gustavo Petro reaccionó de inmediato. Como respuesta, el mandatario anunció que el Estado asumirá los fondos de cooperación suspendidos por Estados Unidos, en particular aquellos dirigidos a la JEP.
“El Gobierno Nacional reemplazará con su presupuesto los fondos congelados a la justicia especial para la paz, JEP, por el Gobierno de los EE. UU.. El congelamiento de fondos es producto de una política general de congelamiento a ayudas de países del mundo que hace EE. UU.”, precisó Petro a través de su cuenta de X
.Según esta decisión, el tribunal transicional dejará de recibir cerca de $15.000 millones, destinados a programas esenciales para el cumplimiento de su mandato.
“La verdad sobre el conflicto armado de Colombia, que es el primer hecho de indemnización de millones de víctimas en Colombia, no se puede suspender. Es como tapar los murales que pintan sobre la masacre en la escombrera de Medellín”, afirmó Petro, reafirmando su respaldo a la JEP y destacando la importancia de su labor.
Usaid fue creada en 1961 por el entonces presidente John F. Kennedy con el propósito de liderar iniciativas humanitarias y de desarrollo internacional. Seis décadas después, la administración de Donald Trump replantea su enfoque. “Cada dólar que gastamos, ¿hace que Estados Unidos sea más seguro? ¿Más fuerte? ¿Más próspero?”, cuestionó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, al justificar la medida.
“Los recursos de Usaid no solo financian programas estatales clave, sino también una multitud de proyectos de desarrollo local que, de un día para otro, quedan en el limbo. Al final, quienes más sufrirán las consecuencias serán las comunidades más vulnerables”, advirtió una colaboradora de una de las organizaciones afectadas.
Para analistas, esta suspensión es solo el preludio de una política más amplia de presión sobre países que no se alinean con la visión de Donald Trump, como Colombia. La medida no solo impacta el financiamiento de programas humanitarios y de desarrollo, sino que también envía un mensaje político: el apoyo de Estados Unidos ya no es incondicional, sino que dependerá de la afinidad ideológica y estratégica con su administración.
Este giro en la política exterior podría traducirse en futuras restricciones a la cooperación en seguridad, comercio e inversión, lo que obligaría a Colombia a diversificar sus alianzas internacionales para reducir su dependencia de Washington. Además, abre interrogantes sobre la estabilidad de proyectos clave para la paz y el desarrollo, cuya continuidad ahora dependerá en mayor medida de la capacidad del Estado colombiano para suplir el vacío financiero dejado, por ahora, por Usaid.
