Restan 15 días para las elecciones del próximo 29 de octubre, que prometen sacudir el ajedrez político regional. Si bien la seguridad y la amenaza creciente de grupos armados y bandas delincuenciales marcan el derrotero en materia de riesgos electorales, hay un asunto que parece estar pasando de agache: las alertas alrededor de los sistemas tecnológicos para blindar los comicios y garantizar transparencia.
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Hoy los cuestionamientos están relacionados en la forma cómo, a través de un software, fueron elegidos los más de 800.000 jurados de votación, pero hay alarmas crecientes frente a las herramientas digitales para hacer los escrutinios, los millonarios montos detrás de los procesos para adquirir tecnología o la ubicación de testigos electorales y delegados en los puestos de votación. ¿Qué tan en riesgo están los comicios?
El asunto una vez más se puso sobre la mesa en la última Comisión para la Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales, donde tienen asiento la Registraduría, el Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y otros entes para analizar este tipo de situaciones.
Allí se revisó un tema que no deja de generar dolores de cabeza: la elección –se supone aleatoria y heterogénea–, de los jurados de votación, nada menos que los encargados de realizar el preconteo de votos y registrar los resultados. Aunque la Registraduría presentó el proceso como un “éxito”, lo cierto es que detrás hubo líos.
Tal como venían alertando organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) desde los simulacros que usualmente se hacen en estos procedimientos, el software contratado presentó fallas y al final el sorteo definitivo se tuvo que hacer con otro sistema diferente. Detrás de todo se encuentra la Unión Temporal Disproel 2023, encargada de proveer el software y que se hizo a un millonario contrato por más de $1 billón para asumir los servicios tecnológicos e informáticos de los comicios.
En dicha unión, conformada por una decena de empresas, la que mayor participación tiene es una que ha estado bajo el escrutinio de la opinión pública: la firma Thomas Greg & Sons, la misma salpicada en todo el entramado que puso en jaque la impresión de visas y pasaportes y que obligó a la Cancillería a suspender otro millonario proceso por aparentes irregularidades en el proceso de licitación.
“Hoy está operando un software distinto al inicialmente contratado. Cuando eso ocurre es necesario generar mayores garantías de transparencia. Es natural que se presenten problemas y para eso son los simulacros, pero necesitamos un informe de qué fue lo que pasó y cuáles fueron los errores”, explicó a este diario Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la MOE, precisando que el nuevo sistema no permite acceder a información para vigilar los entes postulantes o las listas de jurados.
En respuesta, el registrador Alexander Vega defendió en su momento que “se tuvieron en cuenta las listas enviadas por los partidos y movimientos políticos para garantizar la heterogeneidad de jurados”.
Ante las dificultades, el llamado que hacen los entes es que haya una veeduría y revisión del sorteo, y que se socialicen los planes de mejoras de cara a los comicios formales: “Normalmente lo que se busca con el sorteo es proteger la aleatoriedad en la elección de jurados y que sea el azar como se conformen las mesas. También que sea heterogénea para que no haya dos o más personas de una partido en una mesa”, agregó Mancera.
Las otras alertas
En medio de las dificultades tecnológicas hoy las miradas están puestas en cómo operará el software del preconteo de votos, determinante para digitalizar los votos y procesar la información que consignan los jurados de votación. En un primer simulacro de funcionamiento hubo fallas, aunque hoy la MOE reconoce que la Registraduría ha trabajado por corregir las dificultades.
Sin embargo, en el que persisten dudas es en el software para la designación de los testigos electorales, a lo que se suman fallas para invitar a participar a los interesados. “En los simulacros hemos expresado preocupación porque ha sido tradicionalmente un problema que días antes de que se cierre la acreditación de los testigos se sobre carga el sistema y los partidos denuncian que no pudieron tener delegados”, precisó Mancera.
La lupa también está puesta en el software para los delegados de los puestos de votación pues, de acuerdo con el coordinador de Justicia Electoral de la MOE, aunque se contrató uno en 2022 por $27.000 millones, se volvió a contratar otro en 2023. “Hay dudas de por qué se contrató un servicio dos veces y qué pasó para que no se use el del año pasado”.
El propio ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también ha expresado su preocupación “por los fallos que han tenido los partidos políticos con el software de testigos, de jurados, la imposibilidad de hacer el simulacro”.
Por si fuera poco, otras organizaciones como la Fundación Karisma –dedicada a vigilar las tecnologías para que avancen en la justicia social–, llamaron la atención por las limitaciones que ofrece la auditoría externa contratada para los comicios, por lo que advirtieron que no habría lugar a una revisión a profundidad, independiente y técnica. “El contrato con la empresa JAHV McGregor, mismo contratista de 2022, no cubre todas las tecnologías incorporadas, dejando sin revisión las que se usaron para el registro de grupos significativos de ciudadanos y las de consolidación nacional de escrutinio”, explicó Karisma recientemente.
Todas estas situaciones no dejan de ser alarmas que permanecen encendidas aun cuando restan dos semanas para las votaciones. De cómo se resuelvan los problemas y se ofrezcan garantías dependerá la confianza que haya sobre el proceso, minimizar los riesgos y hacerle el quite a las amenazas de fraude. En juego está la democracia.
¿Doble contratación?
En 2022, por valor de más de $27.000 millones, la Registraduría contrató un software para hacer el escrutinio tanto de las elecciones legislativas como de las parlamentarias. El proceso, realizado con la firma Indra Colombia, estipulaba pagos al mantenimiento del software hasta 2025, como lo reveló en su momento el diario El Espectador. Sin embargo, la duda es por qué se hizo otra contratación, ahora con la Unión Temporal Disproel 2023. La MOE y Karisma han pedido explicaciones sobre el asunto; sin embargo, señalan que a la fecha se desconocen las razones de esa decisión. Al parecer, las funcionalidades de los dos sistemas serían diferentes.
