Nicolás Petro Burgos reconoció que recibió dineros del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, y del contratista Alfonso “Turco” Hilsaca, que fueron a parar a las arcas de la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, sin ser reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), como lo ordena la ley.
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Así lo reveló la Fiscalía durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Petro Burgos y su exesposa Daysuris Vásquez, en la que el fiscal Mario Burgos leyó un compromiso firmado por el hijo mayor del presidente en el que se señala que dará detalles sobre el aporte de altas sumas de dinero de empresarios a la campaña de Petro, “sin que una parte se hubiera reportado”, lo cual le permitirá al ente acusador abrir nuevas líneas investigativas.
Durante la diligencia judicial se detalló además que Petro Burgos renunció a su curul en la Asamblea Departamental del Atlántico y que está dispuesto a entregar el material probatorio que sustentaría sus declaraciones así como las tesis de la Fiscalía en su contra, por lo que el ente acusador solicitó casa por cárcel para él en lugar de la detención en un centro carcelario, como se planteó inicialmente.
Pero además, la Fiscalía demostró que Petro Burgos tejió una red de relaciones con contratistas cuestionados en distintos lugares del país para tramitar recursos para la compra de bienes, entre ellos la casa de $1.600 millones por la que se destapó todo este proceso.
Según lo que explicó el ente acusador, quedó claro que Petro Burgos vio una oportunidad de hacer negocios con la política y con la campaña presidencial de su papá, ya que consiguió tener un nivel de influencia que le permitió recoger dineros de políticos y contratistas cuestionados de Villavicencio, Cúcuta y Cartagena, e intentó conseguir puestos en entidades públicas como el Sena y varios ministerios.
Por cuenta de la influencia Petro Burgos habría buscado que le entregaran puestos en varias entidades y ministerios. Hasta ahora se ha hablado de que tocó las puertas en los ministerios del Interior, Salud, Minas, Hacienda, Agricultura, Ambiente, Comercio, Educación y Ciencia, así como en la Superintendencia de Notariado y Registro, el Sena, el Departamento de Prosperidad Social y el Departamento Administrativo de la Presidencia. En estas entidades habría pedido cupos para tener personas que lo representaran, lo que sigue dejando en evidencia su filtración en búsqueda de burocracia en el Gobierno Petro.
Además, la Fiscalía detalló que el hijo del mandatario junto a su exesposa al parecer estaban lavando dinero desde 2021 a través de una fundación llamada “Conciencia Social”, con la que habrían hecho contratos por un valor mayor y contratar a personas cercanas para que hicieran labores mínimas y quedarse con el dinero de los contratos y parte de los sueldos.
“El pueblo me eligió”: Petro
Esta confesión de Petro Burgos, que aceptó tras las contundentes pruebas que exhibió la Fiscalía en su contra, deja golpeado tanto política como jurídicamente al presidente Gustavo Petro, ya que su campaña presidencial de 2022 resultó salpicada por la procedencia de dineros de origen dudoso, lo que le resta legitimidad a su elección.
Previo a la audiencia, el presidente Gustavo Petro intentó conversar con su hijo en el calabozo donde permanece recluido desde el 29 de julio. Sin embargo, de su puño y letra, Nicolás firmó un documento en el que se negó a recibirlo.
Y tras el anuncio del fiscal durante la audiencia sobre la admisión de que a la campaña electoral de Petro sí ingresaron dineros cuestionados, el presidente se defendió desde un atril en Sincelejo y aseguró que su mandato solo lo tumba el pueblo que lo eligió.
“Fue el pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección. Es al pueblo al que debo responderle. Tengan la certeza de que este gobierno se acaba por el mandato popular, por nadie más. No hay nadie que pueda terminar con este gobierno. El mismo pueblo dio una orden por mayoría en las urnas, nos vamos hasta 2026”, afirmó el mandatario.
A pesar de esta defensa de Petro por la legitimidad de su elección, la Fiscalía, horas antes, expuso que su campaña estuvo salpicada por hechos que estuvieron por fuera de la ley. “Nicolás Petro aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía, entre ellos la financiación de la pasada campaña presidencial de Gustavo Petro y dineros que ingresaron a la campaña que habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley”, dijo en la audiencia el fiscal Burgos.
Esa declaración dejó al descubierto que el único enlodado no será Petro Burgos, a quien imputaron por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sino que también queda abierta la puerta a que se investigue a otros miembros de la campaña presidencial de Petro.
Por lo pronto, la confesión le ha costado cuestionamientos a la legitimidad de la elección de Petro, de parte de opositores como el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien señaló que “esto es muy grave (...) es un hecho que deslegitima al Gobierno Nacional y a la imagen del presidente Gustavo Petro”.
Además, al jefe de Estado le enrostraron viejos trinos en los que cuestionaba la corrupción electoral, ya que ahora su campaña es la que está en el ojo del huracán en medio de esta polémica.
Entre tanto el exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien es escudero del mandatario y participó en su campaña presidencial, insistió en que no entraron dineros cuestionados y retó a Nicolás Petro a “que pruebe sus afirmaciones sobre la campaña”.
Y según la Fiscalía esa es precisamente la intención de Petro Burgos, pues en el proceso de colaboración con la justicia que aceptó emprender dejó claro que aportará nombres y pruebas de hechos relacionados con los dineros cuestionados que ingresaron a la campaña de su papá, lo que por ahora se dice que podría darle posibilidad de un principio de oportunidad en el proceso que se adelanta en su contra.
Se revelaron nuevos nombres
Entre la información que Petro Burgos aceptó entregarle a la Fiscalía se incluyeron las identidades de quienes estarían directamente involucrados en este escándalo de dineros calientes y entre ellos había nombres que hasta ahora eran desconocidos en el caso.
Inicialmente se había dicho que parte de esos dineros los habían entregado el exnarcotraficante Santander Lopesierra, el contratista Alfonso Hilsaca y su hijo. Pero ayer salió a la luz el nombre del empresario cucuteño Óscar Camacho. Según la Fiscalía, estos cuatro sujetos le habrían entregado al hijo del presidente millonarias sumas de dinero que al parecer son fruto de acciones ilegales.
“Recibió altas sumas de dinero de las cuales una parte fue utilizada por Petro Burgos y su excompañera sentimental (Daysuris Vásquez) para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada. Otra parte fueron invertidos en la campaña presidencial de 2022”, expuso el fiscal Mario Burgos.
Al revelarse estos nombres de terceros involucrados, quedó claro que el primogénito del mandatario prendió el ventilador para vincular a más personas al caso como ocurrió con el empresario Camacho, que según el ente acusador es un “poderoso empresario” de la ciudad de Cúcuta, cuyas actividades económicas hasta ahora se conoce poco.
Mientras se abren las nuevas líneas de investigación, la Fiscalía expresó su intención de solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad para el hijo del mandatario, en la modalidad de casa por cárcel, mientras que para su exesposa planeaba solicitar libertad condicional. Al cierre de esta edición el juez no había resuelto ambas medidas.
Campaña de Petro, bajo la lupa del Consejo Electoral
Las revelaciones que hizo Nicolás Petro Burgos sobre el ingreso de dineros de dudosa procedencia a la campaña presidencial de Gustavo Petro, le dieron validez y sustento a las indagaciones preliminares que adelanta el Consejo Nacional Electoral sobre aparentes inconsistencias en los reportes de gastos de esa campaña.
En total son cuatro las indagaciones que, por reparto, estaban en los despachos de los magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz y Cristian Ricardo Quiroz Romero, quienes se pusieron de acuerdo para acumular los cuatro procesos y definir una línea de investigación única.
En estos procesos terminaron salpicados varios miembros del círculo personal del jefe de Estado como Ricardo Roa, quien fue su gerente de campaña y ahora es presidente de Ecopetrol; Armando Benedetti, quien fue su mano derecha en la campaña; y Laura Sarabia, quien se desempeñó como secretaria privada de Petro y luego como su jefe de despacho en la Casa de Nariño.
A Roa lo indagan por inconsistencias en los reportes de gastos de la campaña en lo relacionado con pagos a proveedores y contratistas que prestaron el servicio de seguridad, mientras que a Benedetti y a Sarabia se les investiga por las afirmaciones que hizo el primero en el audio que se filtró sobre el ingreso irregular de $15.000 millones a la campaña.
A finales de junio, tanto Sarabia como Benedetti acudieron ante el CNE. La primera se desmarcó del escándalo y aseguró que sus labores en la campaña se enfocaban en organizar la agenda de Petro, mientras que Benedetti decidió guardar silencio.
Sobre los gastos y dineros que ingresaron a la campaña de Petro también hay expedientes abiertos en entidades como la Procuraduría y la Fiscalía General, y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha recibido denuncias contra el jefe de Estado, también por aparentes irregularidades en su campaña electoral.
