A un año de iniciado el gobierno de Gustavo Petro, la salud se convirtió en su gran apuesta –y a la vez en su gran punto de discusión y críticas–. En ese tiempo, dos ministros han pasado por la cartera de Salud y una reforma al sistema que fue presentada en el Congreso generó una ruptura de los partidos que apoyaban al Ejecutivo.
Le puede interesar: Reforma a la salud haría pobres a 750.000 personas.
En ese sentido, en el primer corte de cuentas del ministerio una cifra llamó la atención de analistas y académicos. Se trata del porcentaje en que subieron la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la plata que el Estado les gira a las entidades promotoras de salud (EPS) para garantizar la atención de los afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado.
El ministerio señaló como un logro que la UPC subiera al 16,23 %, que se traduce en “eficiencia de los recursos con los cuales se financian los beneficios en salud”. Pero, puesta en contexto, la cifra no necesariamente significa que sea algo destacable como un logro.
En primer lugar, el investigador en sistemas de salud de la Universisad Johns Hopkins, Andrés Vecino, advierte que la UPC fue “el primer escándalo” del actual ministerio, pues la exministra Carolina Corcho, en principio, quería que esta unidad fuera de 12,23 %, argumentando que los valores de la UPC estaban inflados y que, en pocas palabras, con menos recursos podrían hacer lo mismo o hasta más.
Incluso, recuerda Vecino, Corcho lo argumentó citando un estudio del centro de estudios económicos ANIF, “que cuando se publicó, se supo que decía justo lo contrario”.
En segundo lugar, porque en comparación con lo girado en 2022, el porcentaje para el régimen contributivo bajó de 18,15 % a 16,23 % y debido a que la plata que se le asignó al régimen subsidiado es el 89% de lo que se le asignó al contributivo, lo cual va en contravía de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó que ese porcentaje fuera del 95%, fallo que se cumplió en los años 2019, 2020 y 2021.
En tercer lugar, por un tema de números. Según expone el profesor del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, desde diciembre de 2021 se incrementaron la cantidad de servicios y tecnologías de salud que se pagan con la UPC, lo cual aumentó los gastos de las EPS y produjo “una presión financiera que las pone en un déficit de flujo de caja y de atenciones en salud”.
Finalmente, las deudas por el pago de presupuestos máximos (plata para pagar atenciones no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud) ponen ese incremento por el cual saca pecho el Gobierno en entredicho. Según Gestarsalud –gremio de las EPS subsidiadas–, con corte a mayo de 2023, el déficit estimado es cercano a $1,03 billones para todas las EPS. Entre tanto, la Adres señala que a corte de julio pagó $298.000 millones para ese cargo, es decir, el 29 % de lo que reclaman las EPS.
UPC y presupuestos máximos: ¿qué son?
Para hacerlo más entendible, la UPC (unidad de pago por capitación) es la plata que el Estado les da, por medio del Ministerio de Salud, a las EPS por cada afiliado para que con esta les brinde atención en salud en el 98% de los procedimientos médicos y en el 88 % de los medicamentos, que están agrupados en el Plan de Beneficios en Salud (antiguo POS). Entre tanto, los presupuestos máximos es la plata destinada a la financiación de tratamientos y atención de enfermedades que no están cubiertas en el Plan de Beneficios en Salud, la cual es girada por el Estado a las EPS.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
