El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, publicó un comunicado en el que se echó para atrás en sus propias palabras y dijo que, efectivamente, el contrato adjudicado por el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, para la elaboración de pasaportes no tenía recursos asignados vigentes, lo que significa que el papeleo quedó mal hecho y podrían tumbar la contratación.
Según dijo, “ningún proceso licitatorio puede iniciarse sin un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) vigente y no puede haber dos CDP vigentes sobre el mismo proceso licitatorio”.
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Pero la rectificación llega tras lo que parece ser un regaño del Gobierno nacional a Bonilla por dejar una sombra de duda sobre las declaraciones del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien dijo este martes que la adjudicación de Salazar no tenía validez porque él no tenía el poder de pasar por encima de las decisiones de sus superiores y porque, además, dicho proceso no tenía “certificado de disponibilidad presupuestal”, con lo que la opinión pública entendió que no existían recursos para dicho proyecto.
Sin embargo, Bonilla salió a contradecirlo diciendo que la “la plata de ese contrato estaba prevista” porque no es posible sacar una licitación sin tener certificado de disponibilidad presupuestal. “Por lo tanto, la plata está ahí”, aseveró el ministro de Hacienda esta mañana.
Pero sus palabras fueron tan polémicas y enredaron aún más la pita del polémico contrato de pasaportes, que tuvo que salir con otro comunicado en el que “explica” bien qué fue lo que ocurrió.
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Según dijo, el primer proceso licitatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se abrió el 24 de mayo de 2023 con el certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, 74-923 del 3 de abril de 2023.
Pero ese proceso fue declarado desierto el 13 de septiembre de 2023 y el CDP caducó el 31 de diciembre de 2023, al igual que la autorización del cupo de vigencias futuras.
Justo por eso – porque el entonces canciller Álvaro Leyva decidió que no le entregaría la licitación a Thomas Greg and Sons por los presuntos líos de corrupción–, la Cancillería volvió a abrir un proceso con CDP 11224 del 5 de enero de 2024 y ese proceso está vigente.
Y ahí está el problema: que el “Dr. José Antonio Salazar adjudicó el proceso que estaba declarado desierto y con un CDP que había caducado”, lo que, en pocas palabras, significa que podría tumbar el contrato que le entregó Salazar a Thomas por falta de recursos.
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Por ahora, el Gobierno ha mostrado intenciones de dejar esos actos administrativos sin efectos y continuar con la segunda licitación que, según ellos, está en curso.
Si eso ocurre, Thomas Greg se volvería a quedar con las manos vacías y, muy seguramente, continuará con la demanda legal y tendrá más argumentos para ganarle al Estado en el litigio por un monto de 117.000 millones de pesos.
