A casi seis años de la muerte de Tatiana Andrea Posada Jiménez, el proceso no termina. La familia de la víctima apeló la decisión en primera instancia que ordenó devolver el expediente y negar las pretensiones de la familia, que solicitaba una indemnización económica por la pérdida.
La decisión fue tomada el pasado 27 de abril de 2017 el Juzgado 41 administrativo del circuito de Bogotá, en la demanda que además cobijaba a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la clínica Quirustetic, la cirujana Ana María Socarrás, el Médico Ramos Corena y el anestesiólogo.
La juez del caso consideró que la petición de reparación económica no podía concederse “toda vez que no se logró probar los elementos de responsabilidad” de los demandados.
Tatiana murió el 17 de agosto de 2011, cuatro días después de una cirugía practicada en la citada clínica por la doctora Socarras, con Ramos Corena como asistente, según consta en el expediente.
En el proceso se estimó que la muerte de Tatiana se produjo -según la prueba científica y el testimonio de un experto en medicina legal citados dentro del proceso- como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar sin la presencia de sustancias siliconadas.
Los testimonios de los médicos llamados a testificar dentro del proceso evidencian que la un tromboembolismo es factible a partir de la realización de un procedimiento quirúrgico, y que ningún medio sugería que el trombo que llevó a la muerte de la joven hubiera sido causado por la presencia de sustancias no aptas para procedimientos estéticos.
