Sobre las 11:30 de la noche del lunes aterrizó en Miami el sargento (r) Mario Antonio Palacios, uno de los 21 señalados mercenarios colombianos que son acusados de ejecutar el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio en Puerto Príncipe.
Este exmilitar terminó en una cárcel de Florida por cuenta, tal y como lo anticipó EL COLOMBIANO, de una circular roja que Estados Unidos emitió en su contra por la posible comisión del delito de tráfico de armas.
No obstante, según fuentes judiciales y diplomáticas, Palacios se ofreció a colaborar con la justicia de ese país para delatar a los autores intelectuales del magnicidio de Moïse y revelar las causas por las cuales un comando de mercenarios colombianos terminó ejecutándolo.
La audiencia en la que podría comenzar este proceso será el 31 de enero ante la Corte del Distrito Sur de Florida, cuando se le leerán los cargos por los que fue extraditado.
Además, de acuerdo con el expediente federal que se ha elaborado en torno a ese caso –que desestabilizó a Haití y sacudió a toda la región por la forma en que se perpetró–, existe evidencia de que personas con ciudadanía estadounidense habrían financiado el golpe criminal y hasta facilitado la logística, incluyendo el armamento, por lo que la jurisdicción judicial de Estados Unidos tiene competencia para juzgar el proceso.
De hecho, ya hay pruebas de que uno de los mercenarios que murió durante el ataque, el colombiano Duberney Capador, al igual que el también señalado mercenario, Germán Rivera García, tuvieron comunicaciones con personas vinculadas a la firma CTU Security, cuya sede está en Miami.
Hasta ahora se sabe que el ya capturado Charles Emmanuel Sanon, un haitiano de 63 años, habría sido intermediario entre los señalados mercenarios colombianos y esa firma, que además está vinculada –según documentos oficiales– al ciudadano venezolano Antonio Emmanuel Intriago.
Y es en este punto en el que Palacios, el recién extraditado a Estados Unidos, es un testigo clave para la justicia de ese país, pues podría facilitar las claves para saber si el haitiano capturado y el venezolano son o no los responsables intelectuales del magnicidio o si –tesis que también se baraja– fueron contratados por terceros para ejecutarlo.
Este diario estableció, además, que hay una versión que se analiza en torno a que Moïse tenía lista una serie de nombres de empresarios y políticos haitianos que presuntamente tendrían nexos con narcotraficantes de la región, la cual les iba a enviar a autoridades estadounidenses. La información da cuenta de que supuestamente habría sido ultimado para evitar que remitiera ese listado.
En todo caso, Palacios les hizo saber a las autoridades de Florida que está dispuesto a dar información y pruebas a cambio de posibles subrogados penales. De hecho, este sargento (r) fue deportado hacia Colombia desde Jamaica, a donde huyó en julio tras el magnicidio, ya que Haití no aportó suficientes pruebas para vincularlo con ese crimen y enviarlo a ese país.
Pero, como informó este diario, cuando el vuelo comercial en el que viajaba hacia Bogotá hizo escala en Panamá fue notificado del pedido de extradición de Estados Unidos, país al que finalmente fue enviado este mismo lunes.
Esta información la confirmó el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, quien además señaló que la extradición de Palacios finalmente fue coordinada con ayuda de Panamá y Colombia.
((Lea a continuación el texto de la acusación que la Corte del Distrito Sur de Florida hace contra el sargento (r) colombiano))
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años tiene este exmilitar, nacido en Chocó, que ahora busca acuerdos con la justicia de Estados Unidos.
