El intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales se convirtieron en los primeros condenados por el escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza. Ambos pagarán hasta 10 años.
La decisión fue tomada este miércoles por la juez 53 de conocimiento de Bogotá. Los dos purgarán su pena en prisión domiciliaria y tendrán que pagar una multa de 354 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ambos policías –en una audiencia del pasado 11 de septiembre– ya habían aceptado sus responsabilidades en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.
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En el expediente quedó probado que los dos participaron en la creación de documentos falsos que terminaron por justificar la solicitud de interceptar las líneas telefónicas de Meza y de Fabiola Perea: ambas trabajaban en la casa de Laura Sarabia, actual directora del Dapre.
La cronología de este caso se empieza a contar desde principios del año pasado. Laura Sarabia se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro y denunció la pérdida de un maletín en su apartamento con hasta 7.000 dólares en efectivo.
De inmediato se desplegó un operativo irregular que incluyó, además, una prueba de polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño. Señalaban a las empleadas domésticas, sin mayores pruebas, de cometer el hurto doméstico.
La investigación reveló que los condenados –después de que se cometió el robo en la vivienda de Sarabia– solicitaron a la Fiscalía que interceptara los números telefónicos de dos sospechosas. Era el 30 de enero de 2023.
A Marelbys Mesa la señalaron de ser “La Cocinera” de alias Siopas –capo del Clan del Golfo que fue hallado muerto en marzo del año pasado en Antioquia–. A Perea la vincularon como una de las encargadas de realizar giros y encomiendas a los cabecillas del Clan del Golfo: le dieron el alias de “La Madrina”.
“Quiero presentar excusas públicas a todas las partes afectadas, a los ciudadanos que de una u otra forma afectamos tanto moral como psicológicamente. Estoy arrepentido de todo lo que se quiso hacer en este proceso”, manifestó. “Prometo no volver a hacerlo. Igualmente, pedirles mil disculpas a todos los intervinientes que pudimos afectar en este proceso”, había dicho Quinchanegua durante la pasada audiencia.
Entre los implicados en el caso también se encuentran el capitán de la Policía, Carlos Andrés Correa Loaiza, y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, quienes enfrentan cargos similares a los de Canizales y Quinchanegua.
Además de las implicaciones penales para los involucrados, el caso ha salpicado a figuras de alto perfil, incluyendo a Laura Sarabia, el coronel Carlos Feria y el general Luis Mauricio Ospina, quienes figuran en la investigación debido a su conexión personal con las víctimas.
La Fiscalía ha señalado que los informes falsificados fueron presentados ante un fiscal especializado en crimen organizado con sede en Quibdó, Chocó, quien aprobó la intervención de las comunicaciones basándose en dicha información inexacta.
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