No cesan los reparos a la reciente idea que trajo a colación el presidente Gustavo Petro sobre la elección por voto popular de los jueces, como se hace en México. Este anuncio ha resonado en la Rama Judicial, y sus máximos representantes, los presidentes de las altas cortes, decidieron realizar una protesta simbólica manifestada en su inasistencia a un evento convocado por el Gobierno Nacional.
Se trata de la sanción presidencial de la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que el jefe de Estado llevará a cabo este miércoles en un evento al que fueron invitados, además de los magistrados, la ministra de Justicia, la fiscal general y otros representantes del sector justicia del país.
Contexto: Petro admitió que su relación con las Cortes vive un momento “traumático” al mismo tiempo que propuso un “cambio de leyes”
En un caso excepcional, trascendió que únicamente asistirá el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, y la razón no es menor: su asistencia se fundamenta en que hoy ocupa un puesto en esa alta corporación gracias a que fue ternado por el propio presidente Petro. Así mismo, estará presente la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
La decisión de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se produce en medio de la controversia por una eventual reforma al mecanismo de elección de los jueces del país
El mandatario lanzó su comentario durante la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En pleno discurso, Petro hizo referencia a las tensas relaciones actuales entre el poder Ejecutivo y la Rama Judicial en Colombia, refiriéndose a estos días como “traumáticos”.
Fue entonces cuando hizo alusión a la propuesta hecha en México sobre la elección de jueces por voto popular. “No sé si es el mejor camino, pero no surge de la nada. América Latina está viendo, a lo largo y ancho de su espacio continental, que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”, expresó.
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De inmediato, se conocieron las voces de rechazo en el sentido de que la iniciativa va en contravía a la Constitución: “Dicha proposición es contraria a la tradición democrática del país y a la autonomía del poder judicial”, dijo Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas.
Las declaraciones de Petro llegan en un momento delicado para las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. Apenas la semana pasada, la Corte Constitucional anuló la facultad de contratación directa del Instituto Nacional de Vías (Invías) para la construcción de carreteras regionales, decisión que subraya la creciente fricción entre ambos poderes.
