“Pagar por no matar”. Esa es la consigna que, en palabras del propio presidente Gustavo Petro, resume el programa Jóvenes en Paz, lanzado en octubre pasado por el Gobierno Nacional y que le apuesta a darle a jóvenes recursos hasta por $1 millón a cambio de dejar de lado la delincuencia y apostarle a la legalidad a través de programas de formación y educación. Sin embargo, pasado más de un año persisten las dudas y cuestionamientos frente a su puesta en marcha.
La iniciativa busca beneficiar a 100.000 jóvenes entre los 14 y 28 años en condición de vulnerabilidad y extrema pobreza que estén vinculados o con riesgo de caer en dinámicas de criminalidad. En su primera fase se contempla favorecer a 6.000 jóvenes. No obstante, cifras del Ministerio de la Igualdad –a cargo de su implementación–, señalan que a la fecha se han apoyado a 1.723 jóvenes quienes, a través de 3.442 transferencias, han recibido recursos por el orden de los $3.015 millones.
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Según las estadísticas conocidas por EL COLOMBIANO, uno de cada tres jóvenes (578 en total) es de Quibdó (Chocó) y Medellín, con 333 adolescentes, es la segunda ciudad con mayor número de beneficiarios. Le siguen Buenaventura (327), Bogotá (233), Guachené (144) y Puerto Tejada (108). Además, de acuerdo con el Ministerio de la Igualdad, actualmente están vinculados a Jóvenes en Paz 10 jóvenes migrantes.
La focalización de los territorios, según el Ministerio, corresponde a los municipios más afectados por la incidencia del crimen organizado, el tamaño de la población en riesgo y su vulnerabilidad socioeconómica.
No obstante, la representante de oposición Carolina Arbeláez (Cambio Radical) –quien ha venido haciéndole seguimiento a la implementación del programa–, denunció esta semana que, al revisar la información del Ministerio, se evidencia que hay 425 jóvenes que figuran en los registros con 125 años a los que ya les hicieron las transferencias.
“Dice que nacieron en 1899. Como también jóvenes a los que les han hecho transferencias hasta siete veces a una misma persona”, reclamó la congresista, quien insiste que Jóvenes en Paz “está mal concebido desde el principio”, pues lejos de tratar de beneficiar a jóvenes, “lo que busca es incentivar la delincuencia y pagarles a jóvenes que están vinculados en las dinámicas de criminalidad”.
Para Arbeláez, este tipo de hechos evidencian las dificultades del programa y ratifican el aparente desorden en el Ministerio a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez que, con corte a julio, ha ejecutado el 1 % de su presupuesto.
“No sabemos cómo es que se están haciendo las transferencias y por eso, hemos podido acompañamiento por parte de los organismos de control para que sean ellos los que establezcan las presuntas irregularidades y se le hagan una especial vigilancia a estos recursos”, manifestó Arbeláez en diálogo con EL COLOMBIANO.
Además, reclama que, según directrices de la Consejería Presidencial para la Juventud, el programa priorizará a la población migrante y carcelaria, pese a que el propio Ministerio precisa que no puede ser beneficiario ningún joven que se encuentre sindicado o condenado por algún delito.
“Nos parece peligroso porque, sin lugar a dudas, lo que se busca es reclutar jóvenes para estar al servicio del Gobierno. Es muy parecido a como se conformaron los colectivos chavistas en Venezuela, que eran jóvenes vinculados a dinámicas de criminalidad a quienes les empezaron a pagar bajo un programa muy parecido (...) se abre también una puerta a que, por ejemplo, se le estén haciendo transferencias a jóvenes vinculados al Tren de Aragua”.
Una revisión hecha por este diario permite evidenciar además que hay jóvenes que han recibido recursos hasta por $7’300.000 a través de ocho ciclos de transferencias. A ello se suma que hay registro de 27 personas que nacieron en 1995, algunas de las cuales ya cumplieron 29 años, lo que las excluye del programa. En total, han recibido recursos por $53’800.000.
Ante los cuestionamientos, se pronunció el viceministro de la Juventud, Gareth Sella, quien precisó que no se ha pagado “un solo peso público” a personas nacidas en fechas como 1899 o 1900. “Reconocemos que hubo un error a la hora de responder un derecho de petición, en donde se presentan algunos campos con ausencia de información y el Excel los interpreta como vacíos y pone fechas como 00/01/1900. Estas no son fechas, son datos por defecto puestos por el programa”.
De acuerdo con Sella, el proceso de validación de los datos para el pago de las transferencias de Jóvenes en Paz cuenta con la validación de tres entidades diferentes, entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, que cruza la información “con el Registro Social de Hogares, el Sisben y la Registraduría. Ello incluye validar las edades, el municipio y el grado de vulnerabilidad”.
Además, según el viceministro, tras validar los datos, el Ministerio los obliga a suscribir un acuerdo de corresponsabilidad con el componente de educación y trabajo comunitario. “La transferencia solo ocurre cuando Prosperidad Social cruza la información con el Ministerio de Salud, la Registraduría e incluso con el programa Renta Joven para evitar cualquier duplicidad o error”, agregó Sella.
El programa, al menos en su primera fase, ha beneficiado hasta ahora a solo el 28,7 % de los 6.000 jóvenes que busca impactar. Teniendo en cuenta que, según el Ministerio de Hacienda, el programa podría costar hasta $1,2 billones cada año, las miradas siguen puestas en el manejo de los recursos y su focalización.
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