Los tribunales de justicia se preparan desde ya para recibir los casos más sonados que salieron a flote durante 2023. Y es que el año pasado los jueces fueron testigos de escándalos familiares, fantasmas de corrupción, procesos que todavía patinan en los estrados y hasta casos de antaño que ponen en jaque a la política del país.
Si bien el año pasado fue movido en términos judiciales, todavía quedan varios casos sin salida que los colombianos siguieron al pie de la raya en los medios y a través de redes sociales.
En ese escenario virtual, estallaron con los comentarios a favor y en contra de las altas personalidades y los controvertidos personajes que se vieron involucrados en los casos.
Lo cierto es que este año augura también una agenda apretada para los estrados judiciales.
Durante los primeros días de enero se conocieron dos noticias importantes: la libertad del excongresista Arturo Char por vencimiento de términos y la renuncia del fiscal que llevaba el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta compra de testigos.
También la Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro, el hijo del Jefe de Estado, a quien le esperan las audiencias preparatorias del juicio a partir de abril. Con esa panorama, los estrados judiciales se preparan para un nuevo ciclo todavía incierto.
Mientras tanto, en febrero se moverá el caso contra la excongresista Aida Merlano, que sigue activo por la fuga cinematográfica que protagonizó desde un consultorio odontológico en 2019. Además, tras la reciente decisión en el caso Char, Merlano anunció que se iba a declarar como víctima y eso de entrada trae otras implicaciones al proceso.
A la justicia volverán las audiencias contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el escándalo de corrupción Odebrecht, el fantasma que además volvió a perseguir las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, ese proceso también parece estar en vilo tras la renuncia del fiscal en el caso Uribe, que era el mismo que llevaba el de Zuluaga y su hijo.
Y se le suman las chuzadas del caso Laura Sarabia, la exjefe de gabinete de Petro, que tuvo que salir de ese cargo luego de las denuncias de su exempleada Marelbys Meza, a quien acusaban del robo de un maletín millonario en la casa de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social.
La decisión más reciente en el caso fue que la Fiscalía llamó a juicio a cuatro policías involucrados en las interceptaciones ilegales. Al parecer esos uniformados habrían alterado los informes para hacer caer en error a un juez que posteriormente solicitaría que se escucharan esas llamadas.
Ya el fiscal Francisco Barbosa había revelado que a Marelbys Meza, exniñera de Sarabia, le pusieron el apodo de alias de ‘La Cocinera’, y a Fabiola Perea, otra mujer víctima de las chuzadas, la pusieron como ‘La Madrina’, por lo que las hicieron pasar como parte de un anillo de seguridad de alias ‘Siopas’, el recordado excomandante del Clan del Golfo.
Otros casos que se hicieron virales en redes sociales y todavía no han visto término en la justicia colombiana están aún pendiente de fallo, entre ellos, el del presunto feminicidio de la Dj bogotana Valentina Trespalacios, del que es sindicado el ciudadano estadounidense Jhon Poulos y quien ha intentado hacer el quite a la justicia en más de una oportunidad alegando falta de entendimiento por idioma y en su jugada más reciente, Poulos despidió a su abogado acusándolo de tener entramado en su contra. En febrero continuará el juicio.
Este es un repaso de lo que se viene para la justicia colombiana en este 2024.
Los fantasmas de Odebrecht con mira en las campañas
La Fiscalía comenzó el año corriendo para buscar un nuevo fiscal para el caso contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, pues la renuncia del fiscal Andrés Palencia, que era el mismo encargado del caso Uribe, también afectó el proceso Odebrecht en la justicia colombiana. Lo cierto es que para el próximo 5 de febrero está programada la primera audiencia de acusación de 2024 contra el excandidato y su hijo, David Zuluaga, por la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de 2014. El exmilitante del Centro Democrático es investigado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que su hijo David, quien también fue acusado, irá a juicio por fraude procesal.
Los hechos por los que la Fiscalía busca llevar a los Zuluaga a juicio se dieron en 2014, cuando presuntamente fue financiado ilegalmente por la multinacional Odebrecht. Según la Fiscalía, Zuluaga se reunió en varias ocasiones con el entonces jefe de Odebrecht en Bogotá, Eleuberto Antonio Martorelli y pactó el giro de aportes de esa empresa a su campaña para cubrir los honorarios del publicista brasileño ‘Duda’ Mendonça. El dinero, 1.6 millones de dólares, se acordó en al menos seis contratos y no fue reportado al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En ese entramado de corrupción que es uno de los más grandes de América Latina también salió salpicada la campaña presidencial de Juan Manuel Santos; sin embargo, él mismo dijo que se encargará de “demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente” los señalamientos de presuntos sobornos que habrían llegado hasta sus dos campañas presidenciales por parte de la empresa Odebrecht.
Nicolas Petro: quedó imputado y va directo para el juicio
Si hay un caso que desde ya se perfila como uno de los más importantes para 2024 es la investigación contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Se trata del proceso que se le sigue a Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este caso tiene abiertos varios capítulos con su expareja Day Vasquez, que firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía para terminar de hablar todo lo que sabe y convertirse en testigo estrella; también enredó al fiscal Mario Burgos, investigado por la Comisión Nacional de Disciplina tras la filtración del interrogatorio de Nicolás en el Búnker; y tiene una punta más en la Comisión de Acusación que ordenó abrir una investigación contra el Jefe de Estado por presunta financiación irregular en su campaña presidencial de 2022, tema que salió a flote precisamente con el escándalo de su propio hijo. Por eso mismo, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, porque en su momento fue el gerente de campaña de Petro. Un informe de la Fiscalía detalló posibles irregularidades en el desempeño de Roa como gerente y se le pidieron todos los documentos relacionados con las cuentas en campaña.
El pasado 11 de enero fue la primera audiencia del 2024 contra Nicolás Petro. La diligencia tardó casi siete horas y las grandes conclusiones fueron que la Fiscalía lo acusó formalmente en medio del caso que se conoce como “Petrogate”. Esa cita con la justicia estuvo ambientada por un pedido de nulidad por parte de la defensa de Nicolás, solicitud que posteriormente el juez negó y dejó en firme el juicio. El fiscal Burgos detalló que el hijo del presidente habría movido 1.053 millones de pesos irregularmente que salpicarían a personas que no estaban relacionadas con su rol de diputado, como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel “el turco” Hilsaca. Y para ocultar esos dineros, Nicolás habría recurrido a bolsos, maletas y morrales en el closet de su habitación, como quedó plasmado en las conversaciones que filtró su expareja, Day Vásquez.
Con todo el material probatorio y la lista de testigos que presentó la Fiscalía, el Juez Segundo Penal del Circuito de Barranquilla, Hugo Carbonó, fijó para los días 29 y 30 de abril de 2024 las posibles fechas para la continuación de la audiencia preparatoria del proceso.
Por su parte, la defensa de Nicolás anunció que llevará el caso ante los tribunales internacionales por violación de las garantías procesales en un intento de la Fiscalía para que el caso sea mediático. Lo cierto es que de hallarlo culpable Nicolás Petro se enfrentaría a una pena de hasta 15
Arturo Char: libre, pero a la espera de decisión de la Corte
Recién llegados de la vacancia judicial que terminó el pasado 11 de enero, a los togados de la Corte Suprema de Justicia les dio la bienvenida el caso contra el exsenador Arturo Char. Una decisión del juez Sexto de Garantías de Santa Marta le concedió la libertad al excongresista el pasado 8 de enero.
La orden de su salida de prisión se hizo realidad luego de que el juez aceptara el Habeas Corpus que interpuso la defensa de Char para argumentar el vencimiento de términos sin ninguna decisión en el caso que se adelanta en el alto tribunal por corrupción al sufragante y concierto para delinquir.
Los abogados señalaron que pasaron los 120 días que estipula la ley para resolver su caso, pero no ocurrió. Por eso, el juez Carlos Humberto Coy le concedió la libertad inmediata que tuvo como antesala una pelea entre magistrados porque el togado Marco Antonio Rueda se oponía, pero la togada Cristina Lombana pidió revocar la medida carcelaria.
Con esa decisión, la defensa de Merlano, en cabeza del abogado Miguel Ángel del Río, anunció que la excongresista, también procesada por compra de votos, se declarará víctima en el caso y recusará a la magistrada Lombana que quedó con el caso en su despacho después del receso que solicitó el magistrado Francisco Farfán. Declarándose víctima en el caso, la defensa de Merlano podría tener acceso a la investigación contra Arturo Char.
En todo caso, el exsenador sí salió de la cárcel militar de Santa Marta. Pero ahí no termina el caso. A la fecha, la Corte no ha definido si precluye la investigación o lo acusa por su participación en el escándalo de corrupción “Casa Blanca”.
Caso Uribe Vélez se quedó sin fiscal y patinando
El caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos sigue patinando en la justicia. Ya van dos veces que los jueces le niegan a la Fiscalía la solicitud de preclusión del caso contra el exmandatario, señalando que no hay suficientes elementos para darle luz verde a la petición. Así las cosas, para el pasado 9 de enero se citó la audiencia en la que el fiscal Andrés Palencia debía anunciar su decisión de volver a solicitar preclusión o llevar a juicio a Uribe Vélez.
Sin embargo, lo que notificó el fiscal décimo fue su renuncia al proceso aduciendo motivos familiares y personales. Esa decisión dejó otra vez en vilo el caso contra el líder natural del Centro Democrático, pero de una vez quedó designado el fiscal 12 Delegado ante la Corte Suprema, Víctor Salcedo, que más tarde tuvo que declararse impedido por haberse pronunciado años atrás sobre el proceso, por lo que podría haber un conflicto de intereses.
Para las víctimas del proceso, entre ellas el senador Iván Cepeda, la decisión fue interpretada como una maniobra para seguir dilatando el proceso hasta el vencimiento de términos.
Lo cierto es que el nuevo fiscal que llegue al caso tendrá otros 90 días para definir el futuro del expresidente Uribe en la justicia.
En un repaso breve del caso contra el exmandatario, cabe recordar que la Corte Suprema remitió el expediente de más de 1.000 folios a la Fiscalía cuando este perdió su fuero como congresista.
Así, en septiembre de 2020, el proceso quedó en manos del fiscal Gabriel Jaimes, quien hizo un primer intento para precluir la investigación, pero la justicia negó esa solicitud. Posteriormente, en agosto de 2022, el fiscal Javier Cárdenas tomó el caso e insistió en solicitar la preclusión, pero se encontró con una segunda negativa de los jueces. El año pasado, el fiscal Andrés Palencia quedó con el proceso en su despacho y en la audiencia programada para 2024 presentó su renuncia.
Con el posible impedimento del fiscal Salcedo, queda esperar que la Fiscalía presente un nuevo fiscal que lleve el caso y a partir de ese momento, contar 90 días para definir una solicitud de preclusión o que Uribe Vélez se convierta en el primer expresidente enjuiciado en Colombia.
“Niñeragate”: camina en la justicia y van los primeros juicios
El próximo 18 de enero la Fiscalía escuchará a la ahora directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, por las irregularidades en el polígrafo al que fue sometida su exempleada, Marelbys Meza. La solicitud de esa cita fue auspiciada por la misma defensa de Sarabia, pues su abogado, Jorge Mario Gómez, le solicitó a la fiscal segunda delegada ante la Corte Suprema que le permita a su clienta “rendir interrogatorio dentro del asunto de la referencia, y declinar de su derecho constitucional y legal a guardar silencio”. Para ese proceso, la defensa de Sarabia tiene preparadas pruebas que dan cuenta de supuestas inconsistencias por parte de Meza.
Con respecto a las interceptaciones ilegales a Meza y a otra de las empleadas, Fabiola Perea, Sarabia no está siendo procesada. En ese caso, el llamado a responder es el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de Protección de Presidencia. Junto a él, los policías Elkin Augusto Gómez y Jhon Alexander Sacristán, no aceptaron los cargos por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Mientras tanto, la Fiscalía se prepara para el juicio de Carlos Correa, Alfonso Quinchegua, Jhon Morales y Dana Cañizales, los uniformados también involucrados en las chuzadas a las exempleadas de Sarabia. La Fiscalía señaló a los policías mencionados de haber alterado los informes de la Policía Judicial con el objetivo de lograr que un fiscal le solicitara a un juez las interceptaciones a Marelbys Meza. De esta manera, habrían hecho caer a la justicia en un error, por lo que terminaron “chuzando” a la que fue empleada de Sarabia en su casa y otras dos personas cercanas a ella. Por todo lo que sucedió, un juez tomó la decisión de enviar a la cárcel a los policías Quinchanegua, Morales y Correa, todos integrantes de la Dijín, mientras que dejó en libre a la patrullera Dana Cañizales, quien continúa sujeta a la investigación.
