Algo tan sencillo como abrir una cuenta bancaria fue una odisea para la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que nació de la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Ningún banco quería abrir una cuenta a nombre de Pablo Catatumbo Torres, su representante legal, no por haber sido guerrillero, ni por tener varias condenas en su contra. Esta vez fue por estar en la Lista Clinton.
Ahí estuvo el primer revés financiero del nuevo partido. El Consejo Nacional Electoral necesitaba consignar a la Farc los 8.800 millones de pesos para que hiciera política, pero nadie abría una cuenta bancaria bajo ese nombre. La solución fue adquirir este producto financiero en el Banco Agrario a nombre de Eloisa Rivera, conocida bajo el alias de Liliana Castellanos, sobrina de “Mono Jojoy”, quien no aparece reseñada ante el Gobierno de los Estados Unidos.
La Lista Clinton es un extenso documento que incluye los nombres de personas naturales y jurídicas designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de EE. UU., como vinculadas a actos delictivos en especial terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. Esto surgió con la Ley Patriota que, en 1995, habilitó al presidente estadounidense Bill Clinton para emitir un listado de terroristas y narcotraficantes del mundo.
El efecto de este documento es vinculante únicamente para Estados Unidos, lo que quiere decir que quien pretenda tener negocios allá, debe cancelar todas sus relaciones con quienes aparezcan en la Lista Clinton so pena de ser incluidos en el inventario de empresas y personas investigadas.
En Colombia, aunque no es vinculante, sí genera temor estar en esa lista. Muchas empresas tienen presencia o negocios en EE.UU. y a eso se suma que la Corte Constitucional amparó que estar en la Lista Clinton sí es una causal que justifica que algunas personas y entidades se nieguen a prestar sus servicios.
Es el caso, por ejemplo, de William Rodríguez Abadía, hijo de Manuel Rodríguez Orejuela, quién reclamaba su derecho a afiliarse a la Seguridad Social, pero ninguna EPS estaba obligada a recibirlo, porque de hacerlo podía ser incluida en el listado. Para ello, la Corte determinó que es el Estado quien debe brindar esos servicios. La opción es, entonces, acudir al régimen subsidiado, a la banca pública y a la universidad pública.
Los que están en la lista
Varios de los candidatos de la Farc, que tienen su curul asegurada en el Congreso por cuenta del Acuerdo de Paz, aparecen en la más reciente actualización de la Lista Clinton, del 14 de febrero de 2018 (ver Infografía), así como los más altos rangos de la Dirección Nacional de ese nuevo partido político.
Sin embargo, en primera instancia no tendrían ningún problema que afecte su elegibilidad. Gregorio Eljach, secretario del Senado, explicó que los impedimentos que impone la Constitución para ser congresista son la edad, si es menor de 30 años, y condenas por delitos dolosos, que para el caso de Farc fueron solucionados con la Ley de Amnistía e Indulto.
No obstante, Eljach aseguró que los senadores sí deben acreditar una cuenta bancaria en la que será depositado el salario, ya que “el efectivo es utilizado únicamente para la caja menor”, que es la que se emplea para gastos simples y de bajo monto. No sucede así con la nómina del Congreso.
Pedro Pablo Vanegas, experto en Derecho Electoral de la Universidad Externado de Colombia, explicó que para eso podrían girar cheques al portador o abrir cuentas en el Banco Agrario, que es público.
Para Vanegas, más allá de una cuenta bancaria, el asunto radica en la reputación de Farc, que en plenas elecciones todo el mundo sabe que está en una de las listas menos gratas del mundo.
El partido podrá ser financiado sin mayor problema, ya que quienes están incluidas son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y no la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, aclaró el profesor.
Luis Alberto Albán, conocido durante los años de guerra como Marco Calarcá, quien aparece en la lista, dijo a EL COLOMBIANO que “no solo la campaña se ha visto limitada, la reincorporación política, social y económica de los exguerrilleros también se afecta. Nos vemos imposibilitados para celebrar contratos y adelantar proyectos con nuestra gente”.
Por su parte, Pablo Catatumbo Torres, otro de los excombatientes de las Farc, quien ahora aspira a iniciar la carrera política en el Senado, reseñó la dificultad de acceder a la bancarización que es necesaria para recibir la ayuda económica de reincorporación a la vida civil.
“Y la Superintendencia Financiera ya descartó una regulación especial para el ingreso al sector bancario. Lo que me parece absurdo es incluir en esa lista a una persona que jamás ha abierto una cuenta bancaria, ni posee ningún bien mueble o inmueble en ninguna parte del mundo”, añadió que “más que una consecuencia de estar en la lista Clinton, es una falta de garantía al derecho de la libertad política. Ningún exintegrante de las Farc que se haya acogido al Acuerdo de Paz debía quedar por fuera de la bancarización”, dijo Catatumbo.
Los efectos
Colombiana de Biocombustibles S.A., fue creada en 2006 y para 2014 se encontraba en uno de sus mejores momentos: había acabado de ganar una convocatoria de 5.800 millones de pesos con las universidades de Eafit, Pontificia Bolivariana y Nacional para desarrollar en el Bajo Cauca antioqueño una iniciativa que fuera capaz de competir contra cultivos de uso ilícitos y la minería ilegal.
“Estábamos en la ejecución de este proyecto cuando en noviembre de 2014 nos dimos cuenta por los medios de comunicación que estábamos en la Lista Clinton y los mismos medios hicieron todo un escándalo porque aparecíamos al lado del Envigado Fútbol Club. Nos destruyeron totalmente”, recordó Carlos Andrés Palacio Lopera, representante legal de la compañía.
A partir de ahí fue todo un calvario. Comercialmente la empresa quedó “liquidada”, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, la posibilidad de nuevos contratos quedaron frenados y, en medio de toda esa incertidumbre, Palacio decidió no darse por vencido. “Tenía claro que nunca hubo algo ilegal, no se lavó un solo peso y por eso fui directamente con la embajada de Estados Unidos, mientras tanto mi empresa no valía absolutamente nada, nadie quiere hacer negocios contigo entonces no tenés cómo pagar empleados, el inventario lo tenés que dejar perder. Es como tener cáncer, lepra y sida a la vez” dijo.
Fueron dos años de tortura, en la quiebra, pero sin perecer en el intento de comprobar que su empresa estaba totalmente alejada de lo ilícito. Palacio aseguró que personalmente presentó pruebas ante tres investigadores y un agregado militar en la embajada estadounidense. “Nunca pagamos un abogado para todo este proceso, nosotros dimos documentos, extractos bancarios, las exportaciones que logramos hacer y soportes de pagos”.
Finalmente en febrero de 2017, Colombiana de Biocombustibles S.A. recibió por parte del Gobierno de Estados Unidos el documento que oficialmente lo desvinculaba de la Lista Clinton.
Según el empresario, la respuesta de la embajada fue “hombre sí que pena, este es un daño colateral que se genera, no era lo que buscábamos”, dijo él, quien “fue convertido en un delincuente sin ser juzgado”, y a pesar de que ya se cumplió un año desde la salida de la lista, “aún sufrimos las consecuencias. Por fortuna vamos muy bien, pero yo aún estoy bloqueado en algunos bancos y hace un par de meses perdimos un gran contrato con una multinacional porque se dieron cuenta por internet que estuvimos en esa lista, que al final es más mediática que cualquier otra cosa”.
¿Cómo salir?
Michel Pineda es un abogado de Medellín que tiene experiencia representando personas e instituciones que están o estuvieron involucradas en la Lista Clinton. Explicó que una vez llega la notificación, el afectado debe otorgar un poder a su representante legal para que este pueda coordinar con un colega que labore en los Estados Unidos todo lo necesario para poder comprobar que no se tiene nada que ver con narcotráfico, lavado de activos o terrorismo.
“Es necesario tener un abogado que trabaje en suelo estadounidense, esa persona se encargará de ir a la sede del Departamento del Tesoro en Washington y presentar todas las pruebas que sean requeridas por esa dependencia”
Agregó que “el objetivo es comprobar que no hubo una actuación de mala fe, que no se tiene relación con grupos terroristas ni con narcotraficantes y que los negocios que se han realizado son de buena fe y totalmente lícitos. Todo ese trabajo requiere de llenar formularios, documentos y desde allá van pidiendo más pruebas”.
Todo este proceso, explicó el abogado, puede durar años y uno de esos ejemplos está en los equipos de fútbol profesional América y Envigado. El equipo vallecaucano fue vinculado por la Ofac en la lista en 1996 y solo logró salir de esta en 2013, mientras que el “naranja” está desde finales de 2014 y aún no logra desvincularse. “Es difícil hablar de tiempos, en mi experiencia, es difícil salir en menos de cinco años. Sin embargo, en el caso de las Farc se podría dar una solución diplomática y el Gobierno de Estados Unidos podría decidir sacarlos de ese registro”, concluyó Pineda.
Precisamente sobre esa última posibilidad, Pablo Catatumbo propuso al Gobierno “crear un mecanismo que permita salir de la Lista Clinton y así cumplir con lo acordado sobre la garantía de libertad y derecho a la participación política”. Su idea es que con base en la amnistía que recibieron por el Acuerdo sean retirados de esta lista.
Al tratarse de una gestión que debe realizar el Gobierno, EL COLOMBIANO consultó el concepto del ministro de Interior, Guillermo Rivera, quien no contestó y refirió la pregunta a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, nuevamente, no hubo respuesta. Así las cosas, no hay forma de tener una postura oficial del Gobierno Santos. .
