Hace diez años en el municipio de Maicao, La Guajira, cerraron el antiguo aeropuerto. Entonces, unos 1.200 metros sin uso y poca vigilancia. Aprovechando esto, migrantes venezolanos, colombianos retornados y de acogida —como los indígenas Wayú— se ajustaron a las condiciones del terreno y lo convirtieron en lo que hoy se conoce como el asentamiento informal más grande de América Latina: ‘La Pista’.
Más de 13 mil personas viven en este espacio agreste, en condiciones de alta vulnerabilidad, sin agua potable y ningún servicio público. Llegan cada día familias de todas partes, principalmente venezolanos, buscando mejorar sus condiciones de vida. Con niños o pariendo en la aridez de La Guajira.
A raíz de la problemática y el descontrol en la invasión, en diciembre pasado, la Procuraduría General requirió del Gobierno Nacional la implementación de medidas efectivas de atención en salud, servicios públicos, educación y primera infancia. Ahora bien, pasados tres meses el Ministerio Público acaba de solicitarle a las entidades estatales información sobre los avances en dichas acciones.
Adicionalmente, la Procuraduría desplegará un equipo especializado en el municipio de Maicao con representantes de la Cancillería, Ministerio del Interior, Migración Colombia, ICBF, Gestión del Riesgo, Gobernación de La Guajira, Alcaldía municipal, comandantes de Fuerza Pública y representantes de la comunidad, entre otros, para analizar la situación actual, verificar las acciones desplegadas.
En caso de encontrarse que no hay ningún avance, que suponga la protección de los derechos de los habitantes del asentamiento, dice la Procuraduría que iniciará los procesos disciplinarios a los que haya lugar.
La Pista es uno de los asentamientos destacados en el decreto de emergencia expedido en julio de 2023 por el Gobierno Petro a raíz de la vulnerabilidad extrema en la que conviven los migrantes venezolanos, colombianos retornados y de acogida —como los indígenas Wayú—.
En ese territorio, la desnutrición infantil es solo la punta del iceberg. Esa problemática va a la par con las enfermedades diarreicas derivadas de la falta de acceso al agua potable en la zona, donde las familias cocinan con agua lluvia y a veces compran de la que se reparte en burros, a 3.000 pesos el galón. Por ejemplo, solo para 2022, de los 181 casos a nivel nacional de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, 31 fueron en La Guajira (el 17 %).
Situaciones graves como esas son las que pidió atender a la Procuraduría y que ya les anunció seguimiento. Advierte el órgano de control que se trata de una crisis humanitaria de la más grande gravedad.
