El resurgimiento de un antiguo y poderoso cartel está agitando las madrigueras del narcotráfico, en especial en los recovecos de Bogotá, donde se libra una guerra fría por un negocio que conecta a la capital colombiana con los Llanos Orientales y la remota Dubai.
Se trata de la Junta Directiva, una cofradía ilegal que las autoridades daban por desmantelada, pero que en los últimos cuatro años se ha venido reconfigurando a la sombra de otros grupos, más violentos y ostentosos, que acaparan toda la atención de la Fuerza Pública.
El primer campanazo de que algo siniestro se estaba cocinando en el mundo del hampa, ocurrió el 16 de julio de 2021 en un parque del barrio Pablo VI, en la localidad bogotana de Teusaquillo. Allí un sicario acribilló en una banca al sexagenario Luis Agustín Caicedo Velandia (“don Lucho”), uno de los narcos más acaudalados de la historia del país. En el ataque también murió su abogado, Julio Enrique González.
¿Quién podría haber ordenado la muerte del capo?, se preguntaron los investigadores. La pista apareció un mes después, en la insondable selva del Nudo del Paramillo, en límites de Antioquia con Córdoba. Un comando de policías antinarcóticos, adscritos a la Operación Agamenón, allanaron un rancho en la ribera del río Verde. Una fuente les había dicho que allí pernoctaba Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el jefe del Clan del Golfo.
Al entrar al sitio ya no estaba el objetivo, pero encontraron evidencia de su paso, un colchón ortopédico y un carriel. Al abrir el bolso hallaron un paquete inusual: siete memorias digitales micro SD, envueltas con papel adhesivo.
Entre los archivos que contenían había un mensaje de audio, que “Otoniel” le había enviado a Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), el segundo al mando en su organización.
“A Luis Caicedo lo entregó el mismo socio de él, Julio Lozano, el boyaco. Eran socios, les decían ‘los viejitos’, todo el tiempo han trabajado. Julio fue el que dio la información y lo puso, y por eso hicieron eso allá en Bogotá”, contó “Otoniel”.
La revelación llevó a los investigadores a esculcar sus archivos, encontrando que “Otoniel” al parecer se refería a Julio Alberto Lozano Pirateque (“Patricia”), otro exmiembro de la Junta Directiva. El hallazgo significó que ese grupo no estaba muerto y, por el contrario, se venía reorganizando de forma violenta.
El imperio secreto
Según fuentes policiales, la Junta Directiva tuvo su apogeo entre 1990 y 2010. Sus integrantes se caracterizaron por tener un discreto perfil empresarial, evitar al máximo las confrontaciones y no elegir un bando en particular, sino tener múltiples clientes y proveedores.
A diferencia de otros carteles -como los de Medellín, Cali y Norte del Valle-, no tenían ejércitos privados ni ordenaban actos de terrorismo, por lo que no llamaban demasiado la atención. Así fue creciendo, casi que en secreto, una mafia que traficaba al mismo tiempo con las Farc, paramilitares, “los Rastrojos”, el Erpac y otras facciones internacionales, con las que producía y exportaba droga a EE.UU. y Europa.
Entre los principales miembros estaban “don Lucho” y su hermano Juan Francisco Caicedo (“el Ingeniero”), Julio Lozano (“Patricia”), Daniel “el Loco” Barrera, Claudio Silva Otálora (“el Patrón”), Óscar Pachón Rozo (“Puntilla”), los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff.
En operaciones coordinadas por la Policía, la Fiscalía y la DEA fueron cayendo de a uno en uno, la mayoría en el exterior, hasta que solo quedó “el Loco” Barrera y fue apresado en Venezuela en 2012.
Todos fueron extraditados a EE.UU., donde firmaron acuerdos de culpabilidad para rebajar penas, a cambio de delaciones contra sus otrora aliados. Algunos pagaron entre cinco y seis años de prisión, en promedio, y después regresaron a Colombia, recoger las cenizas de lo que antes fue un imperio.
Los negocios
Fuentes de Inteligencia le contaron a EL COLOMBIANO que algunos capos de la Junta Directiva están tratando de reconstruir la organización, presuntamente, con un esquema de narcotráfico y lavado de activos que se concentra en el centro oriente del país y en el emirato de Dubai, en el Medio Oriente.
En Casanare y Meta están instalados los laboratorios de cocaína y las pistas clandestinas para el despegue de las avionetas cargadas de la mercancía. “Puntilla” había quedado al frente de estos negocios, tras la extradición de sus compinches, pero murió en un operativo policial en un apartamento de Medellín, el 4 de diciembre de 2018, dejándoles la zona libre a sus exsocios.
La joya de la corona es Bogotá, desde donde se articula la estrategia de blanqueo de capitales, por medio de casas de intercambio de divisas e inversiones en propiedad raíz, en el mercado de futbolistas y en los sanandresitos, sobre todo el de La 38.
El lavado cobija activos en la explotación de minas esmeralderas en pueblos de Boyacá y Cundinamarca.
También hay un interés, de acuerdo con agentes judiciales, por dominar una ruta de despachos de droga que utilice el aeropuerto Guaymaral, ubicado en la localidad de Suba. Aunque allí funciona una base de la Policía Antinarcóticos, han ocurrido eventos irregulares.
El 23 de mayo de 2021 despegó de ese aeródromo una avioneta cargada con 446 kilos de cocaína hacia el archipiélago de San Andrés, donde fue incautada. El caso fue muy mediático porque la aeronave pertenecía a una empresa cuyo representante legal es el empresario Miguel Jaramillo, esposo de la actriz Alejandra Azcárate; y porque hay varios policías investigados por supuesta corrupción.
Luego de la muerte de “don Lucho”, quedaron dos bandos establecidos en la Junta, presuntamente: de un lado está “el Ingeniero”, hermano del difunto; y del otro, Julio Lozano.
Este último ha llamado la atención de los investigadores por su prontuario. Se entregó a la justicia estadounidense en 2010, acusado de narcotráfico y lavado. Pagó cinco años de prisión y regresó a su patria en 2016.
Durante el proceso, las agencias de seguridad lo señalaron de traficar cientos de toneladas de cocaína y participar en operaciones de blanqueo para grupos colombianos y extranjeros, como el cartel de Sinaloa (México). En Colombia la Policía informó que había lavado dineros calientes en las finanzas del equipo de fútbol Santa Fe.
Su nombre volvió a ser mencionado por testigos de la investigación penal sobre el laboratorio de drogas encontrado el 12 de febrero de 2020 en la finca de Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, ubicada en Guasca, Cundinamarca. Según el testimonio, Lozano era el supuesto financiador de esa “cocina”.
Las pesquisas sobre Lozano condujeron a los agentes hacia Dubai. Documentos de la investigación, conocidos por este diario, dan cuenta de que el exconvicto tiene un permiso de residencia en ese emirato (ver el gráfico), donde funge como gerente general de la compañía Global Loz Eight Group.
En el marco de esa averiguación, se analiza si la empresa es usada para movimientos ilícitos de capitales, pero lo que más les preocupa a las agencias es la supuesta sociedad entre Lozano y el Clan del Golfo.
Aliados mortales
“Otoniel” siempre ha tenido el anhelo de conformar el Frente Capital, una subestructura que articule los negocios del Clan en el centro del poder gubernamental del país. Por eso en los audios decomisados en agosto, le pidió a “Chiquito Malo” que acelerara la incursión en Bogotá, sobre todo ahora que, al parecer, Lozano les estaba colaborando.
“(Lozano) está ayudando para el conflicto, como se dice. Necesitamos gente que colabore, necesitamos tomar el control de todo. Si Julio puso al patrón y eran los socios más duros, la cosa se vuelve más fácil para esa guerra”, dijo.
La “guerra” que mencionó “Otoniel” sería contra el ala de la Junta Directiva liderada supuestamente por “el Ingeniero” (el hermano de “don Lucho”). Y en el mensaje fijó dos objetivos para atacar: “Hay que hacerles lo más pronto posible. El viejo Hernando Sánchez y Boyaco Sinaloa. Toca organizar cómo se hacen esas vueltas, para ver cómo se acaba de organizar esa zona del Llano y Bogotá”.
Las citadas personas habrían sido socias de “don Lucho” y Lozano en el comercio de esmeraldas, según declaraciones de algunos extraditados a la justicia estadounidense. Hernando Sánchez hoy anda escoltado y tiene una oficina blindada en Bogotá.
Aunque “Otoniel” fue capturado en octubre de 2021, “Chiquito Malo” quedó al frente del Clan, coordinando operaciones en los mismos territorios de interés de la Junta Directiva. Su organización tiene una robusta presencia en Meta, Casanare y Guainía, asegurando el control de vastos terrenos con laboratorios de coca; y gracias a sus aliados internacionales, también se insertaron en el lavado de activos y venta de drogas en Dubai.
El enlace es el Grupo Thagi, una banda conformada en su mayoría por marroquíes y neerlandeses, que opera redes de narcotráfico y lavado en Europa y puntualmente en Medio Oriente, donde un kilo de cocaína vale 10 veces más de lo que se tasa en EE.UU. (150.000 a 200.000 dólares).
Esa alianza quedó expuesta el 7 de febrero de 2020, cuando en Sabaneta, Antioquia, fue detenido Said Razzouki, el delegado de los marroquíes para negociar con el Clan.
Para las agencias de seguridad, el resurgimiento de la Junta Directiva, su división interna y la participación del Clan del Golfo, están agitando el bajo mundo en la capital, donde ya hay sicarios a la espera de órdenes para atacar. No en vano lo advertía “Otoniel” en su grabación, “toca bregar ligero lo de Bogotá”.
