La Fiscalía General ya no se va a sentar en la misma mesa de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para adelantar las investigaciones por las presuntas irregularidades en el inventario de bienes. Por el contrario, citó al presidente de esa entidad, Daniel Rojas, y a otros altos funcionarios para que hablen bajo juramento por las denuncias sobre esos casos de corrupción al interior.
Por otro lado, ahora la Fiscalía será la encargada de asumir todas las investigaciones para adelantar la judicialización de los responsables en los presuntos hechos irregulares.
En octubre de 2022, el presidente Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, ordenaron la creación de un grupo especial para seguirle el rastro a estas narcopropiedades y de paso determinar las acciones irregulares que permitieron su desaparición.
La decisión se tomó luego de que el Gobierno Nacional reconociera que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) atravesaba por una crisis relacionada al manejo de datos al no tener información precisa y actualizada sobre dichos bienes incautados a los narcotraficantes.
“Este Gobierno debe entregarle a la sociedad colombiana la actualización del inventario total, tal como ordena la ley. Los caminos y los instrumentos, todos incluidos, la investigación judicial, si es pertinente”, señaló Petro.
Según las cuentas, en el país están desaparecidos más de 3.000 bienes que fueron arrebatados a los narcos y cuyo avalúo suma $25.7 billones.
