La defensa de los derechos humanos en América está en riesgo. Si los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, no le giran recursos urgentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, este organismo tendrá que salir del 40 % de su personal y postergar las audiencias temáticas, incidiendo indefectiblemente en el acceso a justicia de la región.
La Cidh se sostiene con dos tipos de recursos: la OEA debe girarle el 6 % de su presupuesto anual, que en 2016 representó 5 millones de dólares, y de las contribuciones voluntarias, que pasaron de 6 millones de dólares en 2013 a solo 3 millones este año.
De los 34 países miembros solo cuatro han realizado aportes voluntarios y el desembolso de los países observadores, casi todos europeos, se ha disminuido de manera dramática ya que esos recursos están ahora destinados a atender la crisis migratoria que vive Europa.
Incómodo para los estados
El internacionalista y docente de la Universidad de Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, explicó que la crisis tiene dos dimensiones: “la primera tiene que ver con lo político, la Comisión no tiene la capacidad de emitir decisiones vinculantes, en medio de una crisis en cuanto al sistema de derechos humanos hemisférico”.
Para Jaramillo Jassir, hay un grupo de Estados que en los últimos años se han opuesto a decisiones de la Cidh, entre ellos Venezuela, Ecuador, Colombia y México, que se han sentido incómodos y eso ha derivado en una crisis de legitimidad.
El caso más comentado ha sido el de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, hecho en el que la Comisión adelanta investigaciones que han resultado molestas para el Gobierno.
En Colombia, en cambio, el organismo ha obligado al Estado a pedir perdón y a agilizar la justicia por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia hace 30 años.
El segundo problema es el económico, según el docente, “entonces uno ve que la conjugación de una situación externa de muy poca legitimidad, sumada a un déficit de todos los Estados, significa que esto termina afectando a todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sidh”.
En ese sentido, Sofía Gaviria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, expresó que estas organizaciones internacionales son “una garantía y un avance de la civilización para la protección de los ciudadanos frente al Estado y frente a las injusticias que se cometen a pesar de que los gobiernos se autodenominen como democracias”.
De acuerdo con Gaviria, Latinoamérica todavía tiene mucho trabajo por delante en derechos humanos: “tenemos democracias muy frágiles y muchas simplemente de palabra”.
Por eso, Catalina Botero, quien fue relatora especial de Libertad de Expresión de la Cidh entre 2008 y 2014 y hoy es docente de la Universidad Externado de Colombia, explicó que “los Estados no han hecho un esfuerzo para que la Comisión realmente pueda ejercer sus competencias de manera vigorosa y eso condujo a la crisis en la que estamos en este momento”.
Es así como la crisis política se convirtió en una crisis financiera. El profesor Jaramillo agregó que la comisión ha puesto en evidencia los débiles sistemas de protección a los derechos humanos que tienen muchos de esos Estados, bien por complicidad o por omisión, o porque directamente no les interesa promoverlos.
Lo anterior se suma a que algunas naciones ven que el Sistema Interamericano está montado sobre la denuncia a los Estados, “es decir que más que promover los derechos de una manera positiva e integral, casi que lo que hacen es promoverlos por lo que los Estados dejan de hacer”, manifestó Mauricio Jaramillo.
Dijo, además, que muchas veces los violadores de derechos humanos no son los mismos Estados sino las organizaciones paraestatales o no estatales como las ligadas a la criminalidad transnacional.
Sin embargo, Catalina Botero defendió este papel como el rol natural de la Cidh: “el Derecho Penal Internacional admite que se juzgue al directo responsable en la comisión de crímenes contra los Derechos Humanos, pero el Derecho Internacional de los derechos humanos lo que hace es que responsabiliza a los Estados, no a las personas, cuando los estados no hicieron justicia”.
Pero algunos consideran que mientras el Sidh es muy exigente con países y muy permisivo con otros, advirtió Jaramillo Jassir; por eso algunos actores subregionales ya tienen su propio sistema de derechos humanos como Mercosur con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos y la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, tiene un grupo de trabajo en materia de derechos humanos, lo que profundiza la crisis de legitimidad del Sistema Interamericano.
No obstante, si alguien no acude al rescate financiero de la Cidh, argumentó Botero, muchas personas que han acudido al Sistema Interamericano van a ver frustrada o postergada de manera indefinida su demanda de justicia.
Afectaciones en Colombia
Tal vez las intervenciones recientes de la Comisión más recordadas por los colombianos sean las medidas cautelares interpuestas para proteger a los niños wayúu de la desnutrición y la sed, o la visita que hicieron delegados de ese organismo para verificar la situación que vivían los colombianos producto del cierre de la frontera con Venezuela.
En la historia del Sistema, han sido muchos los casos que se han tratado en este organismo, con sede en Costa Rica.
Colombia es el segundo país que más peticiones interpone ante el Sistema Interamericano, el primero es México, y de lejos los siguen Perú y Argentina.
Desde el 2006 los colombianos han interpuesto 2.606 peticiones solicitando la protección de diferentes derechos y en la medida de las posibilidades, contando con el poco personal disponible hoy, todo el Sistema Interamericano ha dado respuesta.
Sin embargo, el Gobierno colombiano no ha girado recursos para la Comisión durante este año, tampoco lo hizo en 2011 ni en 2014.
“Es muy inadecuado que Colombia, que se autodenomina democracia, tenga una posición tan ambivalente en cuanto a los derechos humanos”, aseveró Sofía Gaviria.
Por su parte, Pablo Cala, representante del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, aseguró que Colombia tendrá tres consecuencias muy importantes en esta crisis.
La primera tiene que ver con el seguimiento a medidas de protección de defensores y de derechos y líderes sociales que son cobijados por medidas cautelares y medidas provisionales: “En Colombia son muchos los casos, si no hay seguimiento va a ser muy complicado el cumplimiento”, estableció Cala.
La segunda consecuencia es que los casos que han ido a buscar justicia al Sistema Interamericano, dado que no la han encontrado en Colombia, van a tener una respuesta mucho más retrasada, ya que los casos fallados no representan siquiera el 10 % de las peticiones realizadas.
La tercera sería, según Cala, la afectación en los casos que todavía no han llegado: “en Colombia estamos varias organizaciones en agotamiento de recursos internos para llevar casos a la Cidh, así mismo dependiendo de los resultados del sistema de justicia para la paz que se ha dispuesto se va a ver o no una necesidad de llevar nuevas peticiones”.
Bayron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, estableció que si ya la Comisión viene trabajando con un retraso significativo, cuánto más no lo hará si pierde el 40 % de su personal.
Góngora ejemplificó lo anterior con algunos casos que la Corporación tiene ante ese organismo internacional: “tenemos hechos que pueden llevar 15 años y ya están en la Comisión y hay otros que llevan 10 y no han tenido un informe de fondo, esos son problemas que el sistema ha tratado de resolver”.
Entre ellos mencionó, por ejemplo, el de la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral (Antioquia), por desapariciones ocurridas en 1996, que ya está en la Comisión; 37 casos por ejecuciones extrajudiciales y los crímenes cometidos en Chocó entre 1997-2001 en la cuenca del río Atrato.
De acuerdo con Góngora, Colombia también pierde con la cancelación de las audiencias temáticas programadas para julio y octubre.
Estas audiencias son eventos en los que la Cidh escucha a las víctimas y a los Estados y puede hacer recomendaciones. Aunque aun no estaban programadas las audiencias, la Corporación Jurídica Libertad estaba preparando una solicitud para abordar el tema de la protección a los defensores de derechos humanos amenazados y la capacidad de la Unidad Nacional de Protección para atenderlos, detalló el abogado.
La crisis financiera es tal que el partido Centro Democrático, a través de un comunicado, exhortó al Gobierno Nacional “para que conceda un aporte extraordinario a la Comisión y así impedir que esta se acabe”.
Un futuro incierto
Analistas consultados por EL COLOMBIANO hicieron diferentes propuestas para salvar al Sistema, entre ellas girar recursos de urgencia para solucionar la crisis del corto plazo y evitar que el 40 % del personal que está por concluir su contrato de trabajo con la Cidh tenga que irse, pero coincidieron en que la OEA y la misma Comisión necesitan soluciones de fondo.
“El futuro es difícil vaticinarlo pero no veo ningún escenario diferente de la convergencia, es decir, que en algún punto lleguen a una articulación colectiva el Instituto de Políticas Públicas de Mercosur, el grupo de trabajo de Unasur y todo el sistema interamericano para conciliar las dos posturas, aquella que defiende los derechos humanos de los Estados y una promoción efectiva de los derechos”, propuso Jaramillo Jassir.
Por su parte, Catalina Botero dijo que “el Sidh de todas maneras va a subsistir y sobrevivir, pasa por una crisis muy difícil pero no creería que esto supone una amenaza radical para la existencia del Sistema”.
Argumentó, en cambio, que es fundamental estar atentos a que los gobiernos financien adecuadamente al Sistema de manera estructural, que no se mantenga esa política de aportes voluntarios extraordinarios, sino que cada uno tenga una cuota fija en el futuro.
Por último, Botero señaló que la elección de los miembros del Sidh tiene que estar supervisada por la opinión pública, “cuando los Estados los proponen y los eligen lo hacen al margen de la opinión pública y esa es otra de las funciones claves de la OEA, porque de ellos depende que el Sistema funcione”.
0,009
dólares corresponden a cada habitante del presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
