Incumplimientos en la ejecución de contratos, anticipos millonarios entregados con ligereza y escaso control en los desembolsos fue lo que encontró la Contraloría General de la República tras realizar un diagnóstico de la gestión de este año en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, una entidad que llegó al escrutinio público tras ser identificada por la Fiscalía como un fortín burocrático de magistrados y políticos involucrados en el cartel de fallos que se descubrió en la Corte Suprema de Justicia.
En total, hubo 13 hallazgos fiscales que encierran 20.218 millones de pesos comprometidos y 18 actuaciones disciplinarias que fueron remitidas a la Procuraduría General.
Además, se registraron obras que terminaron siendo elefantes blancos, inconclusas y con términos vencidos, pero en las que se pagaron fuertes anticipos a los contratistas.
Según estimó la Contraloría, la política de entrega, manejo y control de los recursos para los proyectos que está manejando la entidad “no cumplen los principios de eficacia y celeridad, y los resultados no se logran de manera apropiada y oportuna, conforme a los objetivos y metas previstas para el beneficio de la población objetivo”.
No se trata de un hallazgo sorpresa. Este mismo ente de control encontró que en la vigencia 2016, no había registros ni estados financieros que permitieran establecer lo que pasó con los desembolsos entregados. Esto no solo pone en riesgo los destinos del dinero sino que aumenta el riesgo de un desfalco.
Sumado a esto, la entidad no ha proporcionado una información seria en cuanto a los permisos, cronograma, compra de terreno, trámites y supervisión en los proyectos que ha venido financiando.
Debido a este escenario, la Contraloría identificó que Fonade está entregando a los entes territoriales, como Alcaldías o Gobernaciones, la responsabilidad total en la contratación de las obras para los proyectos que financia la entidad. Es decir, que se termina desligando de la interventoría y resultados, lo que es contrario a su objetivo.
Fortín político
El diagnóstico de la Contraloría, que concluye que el Fonade ya no maneja su quehacer enfocado en una política clara sino en intereses, responde a las acusaciones que tiene la entidad de ser un fortín político entregado a los suspendidos senadores Bernardo Elías y Musa Besaile, quienes también la habrían puesto al servicio de los cuestionados magistrados involucrados en el llamado cartel de la Toga.
Dentro del caso del encarcelado exmagistrado Francisco Ricaurte, la Fiscalía abrió una línea de investigación por presuntamente tener cuotas y contratos. Además, se conoció que el magistrado Gustavo Malo puso, por ese mismo conducto, a un gerente, Carlos Andrés Bula, entre 2014 y 2015.
De hecho, el último director de la entidad, Ariel Alfonso Aduen, quien renunció en agosto en medio de graves denuncias por su asociación con paramilitares y su escasa idoneidad para el cargo, es oriundo de Corozal (Sucre) y señalado de la cuerda de Eric Morris, suegro de Elías.
Sucesión en problemas
No siendo suficiente con esta problemática realidad de un ente encargado de financiar proyectos estratégicos en todo el país, a solo un día de conocerse los hallazgos de la Contraloría, se detuvo en seco el nombramiento de Pedro Malaver en la dirección, según lo informó Luis Fernando Mejía, quien es el director de Planeación Nacional.
Desde la salida de Aduen se planteo que asumiera la dirección Mejía, pero finalmente, a cargo quedó la subdirectora sectorial del DNP Alejandra Corchuelo.
La decisión se motivó en la queja del superintendente Financiero, Jorge Castaño, quien denunció que Malaver estuvo suspendido un año por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) por falta de transparencia en las operaciones de sus clientes cuando trabajaba como comisionista de bolsa, en 2014.
Según el expediente del AMV, de 382 operaciones que ejerció Malaver, en 129 efectuó transacciones sin órdenes y en las restantes 253, las negociaciones se soportaron en documentos que no tenían medios verificables por el AMV.
A juicio de Mejía, tales faltas no pueden permitirse para la ocupación de este cargo, cuyo perfil lo selecciona el propio presidente, Juan Manuel Santos
