A los ocho años de prisión que tiene que pagar el exgobernador del Chocó Julio Ibargüen Mosquera se sumó otra condena emitida por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
El alto tribunal ya lo había sentenciado por haberse embolsillado cerca de $35 millones con ayuda de su secretario de Hacienda, y este viernes lo declaró responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio por un contrato de 1998 entre la empresa de licores del departamento y el consorcio Chocó Pacífico.
El contrato era a nueve años prorrogables, pero hubo unas dilataciones por parte del exgobernador que jugaron a favor de terceros, por eso, “los argumentos expuestos permiten aseverar sin asomo de duda, que el procesado conocía quiénes iban a ser los reales beneficiarios de la prórroga, pues a través de él obtendría el beneficio económico convenido”, se lee en la decisión de 132 páginas del alto tribunal.
La tajada de millones que se sacó fue puesto al descubierto por parte de la Sala. Lo primero que se deja claro es que la prórroga que otorgó no fue gratis, pues a cambio de mantenerse callado para que sus socios delinquieran, negoció el 10 % de la plata que se recibiera del contrato con el excongresista Eulises Torres.
Dicha situación es abiertamente ilegal, ya que permitió “que la contratación se prolongara de manera automática transgrediendo los principios rectores de la contratación estatal en particular los de imparcialidad, trasparencia y selección objetiva”, advierte el fallo.
Por esos delitos, la Corte lo condenó a cinco años y nueve meses de prisión, aunque lo absolvieron de otras irregularidades que se le analizaron. Estas tienen que ver con un convenio del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social de Chocó.
En ese caso se advirtió que luego de revisar las pruebas había afirmaciones frágiles que no se podían soportar a la hora de hablar de una posible financiación de la campaña del exgobernador condenado por parte de Olmes Durán Ibargüen, conocido como el zar del narcotráfico del Pacífico.
Con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, la Sala determinó que al condenado se le sustituirá la pena privativa de la libertad por la prisión domiciliaria.
