La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició el miércoles uno de los juicios más significativos. El coronel retirado Publio Hernán Mejía, acusado de ser el “arquitecto” de un plan criminal que resultó en la ejecución de 72 falsos positivos en el departamento del Cesar, se encuentra en el centro del debate.
“Por la verdad y la historia que la JEP debe reconstruir por este país, por el respeto a las víctimas y por la dignidad de las instituciones, no puedo aceptar lo que nunca hice”, dijo el coronel Mejía.
Esta declaración resonó en un auditorio cargado de tensión, donde se entrelazan los ecos de dolor de las víctimas y el clamor de justicia.
El miércoles, la JEP dio inicio formal al juicio adversarial, en el que la Fiscalía de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) solicitó una condena de 20 años de prisión para Mejía.
La Fiscalía encabezada por Giovanni Álvarez Santoyo argumentó que el coronel “ideó, diseñó y ejecutó a través de un ilegal aparato organizado de poder un plan que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate”.
El fiscal describió los hechos como parte de un “tren del horror”, un término que alude a la gravedad de los crímenes de homicidio, desapariciones y torturas de las que se le acusan.
Álvarez Santoyo no escatimó en detalles al explicar cómo estos falsos positivos no solo eran una estrategia de combate, sino un medio para consolidar la imagen de Mejía como un “héroe” en el Ejército. “La realización de estos actos pretendía consolidar al coronel como el mejor oficial del Ejército Nacional”, afirmó.
Uno de los testimonios más impactantes provino del teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, quien fue segundo comandante del Batallón La Popa entre 2001 y 2002. Gómez Naranjo describió cómo la llegada de Mejía transformó drásticamente el ambiente del batallón.
“Al llegar el coronel Mejía, todo cambió. Veníamos de un coronel sumiso y llega uno con muchos pergaminos y reconocimientos. Eso lo apalancaba para comenzar a enfrentar la situación interna del batallón”, relató. Su discurso, dijo, era uno de guerra: “Una palabra muy recurrente era que el batallón debía ser una máquina de guerra, y que íbamos a obtener los resultados que no se habían logrado antes”.
La defensa de Mejía, sin embargo, no se hizo esperar. Su abogado, Germán Guillermo Navarrete, descalificó las pruebas presentadas por la Fiscalía, tildándolas de “exabrupto”. “Es un absurdo exigirle a un militar que controle a todos sus soldados en un terreno tan grande”, argumentó, defendiendo la posición de que Mejía no fue responsable de los crímenes cometidos.
Además, insistió en que su cliente fue enviado a la región por el gobierno de Andrés Pastrana con el objetivo de “asegurar la comunidad”, afirmando que su liderazgo salvó al departamento de “pestes que lo estaban agotando”. Alegó que su cliente actuó bajo las condiciones propias de la guerra en esa región.
El juicio continúa este jueves y se espera que la UIA lleve nuevos testigos al igual que la defensa.
