Juan Carlos Cáceres Bayona es uno de los personajes claves en el escándalo de Centros Poblados y, por decisión de un juez, se cayó el principio de oportunidad que había alcanzado con la Fiscalía y que le concedía al hombre inmunidad total.
La decisión fue tomada por el Juez 76 Penal Municipal de Garantías de Bogotá después de que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado manifestara sus reparos al acuerdo que había alcanzado el señalado corrupto con el ente acusador.
El principio de oportunidad le concedía a Cáceres inmunidad total en el proceso que se lleva en su contra por los delitos de peculado a cambio de pagar 9.062 millones de pesos y de participar como testigo en los procesos penales que se llevan contra otros implicados en el entramado de corrupción: Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro.
El expediente contra Cáceres Bayona indica que era dueño de la empresa Nuovo Scurity y, junto a Emilio tapia tenían el control de todas las empresas que conformaban la Union Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS.
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La Unión Temporal terminó por presentar documentos y se apropio ilícitamente de hasta 70.000 millones de pesos del anticipo de un billonario contrato que pretendía llevar conectividad de internet a las escuelas rurales del país.
La investigación de la Fiscalía indica que Cáceres se quedó con al menos 9.062 millones de pesos del anticipo que entregó el Ministerio TIC a Centros Poblados en 2021.
El principio de oportunidad entre Cáceres y la Fiscalía fue firmado el pasado 1 de agosto. De inmediato, la Agencia Jurídica del Estado –que hace las veces de representante de MinTIC, víctima en el proceso– pidió claridades porque en ese proceso podrían registrarse confusiones.
La Agencia Jurídica cuestionó, por ejemplo, que se incluyera a Cáceres como testigo contra Luis Fernando Duque, un hombre que ya fue condenado por el caso Centros Poblados a 52 meses de prisión por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y peculado por apropiación. En este punto, el juez también consideró que Cáceres no puede ser aceptado como testigo contra una persona que ya fue condenada.
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Otro de los puntos que inquietó a la Agencia Jurídica tiene que ver con el reintegró del dinero.
El principio de oportunidad indicaba que Cáceres reintegraría 5.760 millones de pesos –todo entre noviembre de 2025 y diciembre de 2027–. Esta situación, advirtió la Agencia, implicaría una suspensión hasta noviembre del próximo año en este caso.
“¿Qué sucedería si para esta fecha Cáceres cumple con su deber de declarar y no reintegra la totalidad del dinero?”, cuestinó la Agencia.
El juez del caso admitió las consideraciones presentadas por la defensa del MinTIC y decidió devolver a la Fiscalía el documento del principio de oportunidad para que sea presentado, nuevamente, pero con los ajustes señalados.
La Fiscalía decidió apelar la determinación del juez, pero en estos casos, advierte el artículo 327 del Código Penal, el juez tiene la facultad de decidir de plano la legalidad o no el mecanismo escogido en el principio de oportunidad.
