“Varias veces nos sacaron de espacios con armas de fuego, muchas veces fueron mientras hacíamos actividades de integración dentro de la comuna. Nos sacaban porque, según ellos, no éramos dignos de estar en esos espacios”, así comienza el informe que Caribe Afirmativo le entregará hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es la narración de un integrante de la Mesa LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) de la Comuna 8 de Medellín.
Este informe le apuesta a la visibilización de violencias contra colectivos LGBT (para el estudio no se hallaron para intersexuales o queer) a partir de los casos ya reconocidos como sujetos de reparación colectiva por la Unidad para las Víctimas, específicamente, la Mesa de la Comuna 8 y el Colectivo LGBT de San Rafael.
Dicho documento describe crímenes de lesa humanidad de persecución por prejuicios relacionados con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones diversas contra las personas LGBT que integraban sujetos colectivos con impacto social y político en el territorio.
“Se trató de violencias utilizadas por la Fuerza Pública y grupos paramilitares para lograr el control territorial y de la población, así como obtener legitimidad social con la eliminación de los colectivos o con la subordinación y el control de los cuerpos de sus integrantes. Todo esto como fines estratégicos para lograr ventaja militar en la guerra”, explican desde Caribe Afirmativo.
Por lo tanto, fueron violencias en contextos de ataques sistemáticos contra población civil, con privaciones graves de sus derechos fundamentales y con participación determinante de los presuntos responsables, quienes tuvieron conocimiento de los ataques.
El informe documenta, por ejemplo, que en la Comuna 8 de Medellín las personas LGBT sufrieron amenazas, desplazamientos forzados, violencias sexuales, homicidios, feminicidios y sus tentativas. Entre 1997-2008, grupos paramilitares, con presunta connivencia de la Fuerza Pública, cometieron estas formas de violencia gozando de impunidad.
Entre 2007-2014 a partir de la creación de la Mesa LGBT, estas formas de violencia empezaron a estar dirigidas contra sus integrantes.
En el municipio de San Rafael, las personas LGBT sufrieron detenciones arbitrarias, agresiones físicas, amenazas, desplazamientos forzados, homicidios y sus tentativas por prejuicios. Entre 1980-1990, la Fuerza Pública detenía a personas LGBT y las agredía físicamente durante las detenciones. Entre 1997- 2001, grupos paramilitares, con supuesta connivencia de la Fuerza Pública, cometieron amenazas, desplazamientos forzados, homicidios y sus tentativas por prejuicios.
