La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le ordenó a distintas instituciones del Estado adelantar medidas para garantizar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
La decisión se comunicó este 18 de junio y fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. La Justicia Especial busca romper las barreras de acceso que tienen las familias que tratan de buscar a sus seres queridos.
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“Se ha ordenado a las entidades del Estado de más alto nivel conformar tres mesas técnicas que desarrollarán estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas. Entre ellas, se contempla diseñar un plan nacional para la toma masiva de muestras biológicas que permita agilizar su recolección”, señaló la JEP en un comunicado.
Las mesas técnicas se desarrollarán entre el 3 y 10 de julio de este año. Además de las víctimas, las organizaciones llamadas a trazar la hoja de ruta son al Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Medicina Legal y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Durante el primer encuentro se revisará y establecerán los avances de proyectos en zonas en las que se tenga especial interés forense. De acuerdo con la JEP, con esto habrá garantía de armonía entre el desarrollo económico y los procesos de justicia restaurativa en favor de las víctimas.
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“La activación de esta ruta metodológica permitirá avanzar en los trámites de 23 medidas cautelares que lidera la Sección para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada”, añadió la JEP.
La JEP ya ha adoptado 23 medidas cautelares para prteger zonas donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. Se han exhumado 1.265 cuerpos, de los cuales 94 han sido identificados y 61 de ellos ya fueron entregados dignamente a las familias.
La Jurisdicción ha señalado que existen necesidades de fortalecer a las instituciones involucradas en la búsqueda de desaparecidos, no solo presupuestalmente, sino en términos logísticos y tecnológicos.
Añadieron que falta masividad en la toma de muestras biológicas y que esto dificulta el proceso de identificación de las personas desaparecidas y que tampoco hay una política pública que regle la custodia y preservación de los lugares de inhumación.
En principio, las órdenes iban dirigidas a nivel local, pero la JEP consideró extenderlas al ámbito local para resolver las fallas estructurales que dificultan el hallazgo de las víctimas de desaparición forzada.
