El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que establezca medidas cautelares inmediatas sobre las instalaciones de la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional, ubicadas en el barrio de San Cristóbal de Bogotá. Esta petición surge tras las revelaciones del sargento José Leonairo Dorado Córdoba, quien confesó su participación y la de altos mandos militares en crímenes cometidos en la década de los 90.
Dorado Córdoba, exintegrante de la inteligencia militar, reveló detalles impactantes sobre su implicación en crímenes de lesa humanidad, y señaló al general retirado Iván Ramírez Quintero como autor intelectual de seguimientos, torturas y asesinatos de líderes de la Unión Patriótica (UP), el M-19 y otros partidos de izquierda. Estas confesiones han puesto en el centro de la controversia a Ramírez Quintero, quien ya enfrenta una condena de 31 años por desaparición forzada y vínculos con el paramilitarismo.
Las declaraciones de Dorado Córdoba ante la JEP fueron reveladas por la W Radio y posteriormente difundidas por múltiples medios, lo que ha incrementado la presión para que se tomen medidas en aras de proteger el derecho de las víctimas y sus familiares a encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
Yessika Hoyos, presidenta del Cajar, subrayó la urgencia de que la JEP ordene la protección de las instalaciones del batallón de logística en San Cristóbal. Según Hoyos, es crucial evitar que los restos de personas desaparecidas, como Pedro Julio Movilla Galarcio, sean nuevamente ocultados o destruidos.
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Candelaria Vergara, compañera sentimental de Movilla, y su hijo José Movilla Vergara, hicieron un emotivo llamado al país para apoyar esta exigencia. Vergara expresó: “Por favor, estamos suplicando a la JEP que dicte esta medida, porque ahí están los restos de mi compañero, que llevo 31 años y muchos meses buscando y llorando. Mis hijos y yo hemos sufrido mucho. Pedimos a esta sociedad, a todas las entidades, y a las organizaciones que pidan que ese sitio sea protegido para que el cuerpo de Pedro no lo vuelvan a desaparecer. Queremos que nos lo entreguen dignamente y darle un último adiós.”
José Movilla, hijo de Pedro Julio, manifestó: “Es una súplica humanitaria; necesitamos descansar de este dolor que ha estado comiéndose nuestras almas durante 31 años, descansar ya de este martirio, y hoy estamos muy cerca de lograr encontrar sus restos, por eso pedimos proteger ese lugar para recuperar a mi padre”.
El Cajar también ha insistido en la necesidad de desclasificar los archivos de la Brigada XX. Argumentan que el acceso a esta información es esencial para identificar a las víctimas de seguimientos y anotaciones ilegales que llevaron a ejecuciones, desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado.
El relato de Dorado sobre la desaparición forzada de Pedro Movilla coincide con investigaciones previas que documentan cómo el líder político fue víctima de seguimientos ilegales antes de ser secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por integrantes de la Brigada XX en 1993. Su familia ha continuado buscándolo desde entonces.
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Las declaraciones del exsargento confirman una vez más la existencia de una política de persecución y exterminio contra la Unión Patriótica y otros grupos de izquierda en Colombia. Organizaciones de derechos humanos, como el Cajar, han denunciado históricamente estos crímenes y ahora insisten en la necesidad de cambios estructurales para que no se repitan.
El objetivo es no solo encontrar a las víctimas de desaparición forzada, sino también avanzar en el enjuiciamiento de los máximos responsables, aquellos que dieron las órdenes para que estos crímenes ocurrieran.
