El 9 y 10 de octubre próximos la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará la audiencia pública que servirá de contexto para tomar decisiones sobre las medidas cautelares solicitadas por familiares de desaparecidos que podrían haber sido inhumados o sumergidos en la zona de influencia del proyecto Hidroituango. Serán escuchadas las víctimas, las entidades y la empresa.
La decisión fue tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, y quedó consignada en el Auto T035 de 2019, al que tuvo acceso exclusivo EL COLOMBIANO.
Este proceso inició en septiembre del año pasado cuando, en respuesta a los familiares de víctimas de desaparición forzada en 16 territorios del país, la JEP determinó estudiar la posibilidad de emitir medidas cautelares. En Antioquia fueron incluidos los casos de la zona de influencia de Hidroituango y de la Comuna 13 de Medellín, para el cual ya se realizó la audiencia pública. (Ver Paréntesis)
Las pretensiones
En este caso, la pretensión de las víctimas es que no se autorice el llenado de la presa hasta que no haya claridad de que no existen cuerpos de personas inhumadas en Briceño, Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí y hasta la desembocadura del Río Cauca en el Magdalena, y que se protejan los cementerios municipales de Puerto Valdivia, Tarazá y Cáceres para garantizar la conservación de los restos no identificados.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas indicó a la JEP que “hay serias razones para señalar que en los 16 lugares señalados por el Movice hay presencia de cuerpos de personas desaparecidas en razón del conflicto armado. Y, ante la duda razonable, se corresponde que los interesados busquen la protección de dichos predios y cementerios”.
¿Qué dicen las entidades?
La Gobernación de Antioquia explicó que la Fiscalía exhumó 159 cuerpos en el cañón del Río Cauca y que ya no quedan exhumaciones por hacer. Incluso afirmó que se opondría si la JEP determina suspender el avance del proyecto Hidroituango por considerar que no es competente para hacerlo.
De otro lado, EPM aseguró en un comunicado, ante la solicitud de la JEP, que desde el 2013 le pidió a la Fiscalía agilizar los procesos pendientes en la zona donde se construiría la presa y la zona de embalse. Así mismo, que ha brindado su apoyo con el operador social para el proyecto: la Fundación Socya.
De acuerdo con la Sección, los datos suministrados desde diciembre por el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía tienen “imprecisiones e inexactitudes sobre las cuales la magistratura realizará observaciones y requerimientos específicos” durante la audiencia.
El Grube se refirió, por ejemplo, a las tareas de exhumación en 12 municipios ubicados en la zona de influencia del proyecto Hidroituango, pero advirtió que ninguna de sus prospecciones en el lecho seco del río Cauca ni en la zona de inundación ha dado positivo para restos humanos.
Las autoridades municipales señalaron no contar con un plan de búsqueda dentro de sus presupuestos, pero indicaron tener toda la disposición para aportar y participar en lo que se requiera para la ubicación e identificación de los cuerpos.
La Alcaldía de Valdivia indicó que el CTI de la Fiscalía efectuó recolección de restos en los cementerios administrados de San José de Valdivia y Nuestra Señora de las Mercedes, bajo el denominado “plan cementerios”. Briceño, por su parte, expresó que dadas las expresiones del conflicto que se han vivido en ese municipio (Farc, Auc y delincuencia) es muy probable que existan cuerpos esqueletizados aún sin ubicar.
Así las cosas, la Sección concluyó que cuenta con información, en signiticativo proceso de consolidación, lo que permite avanzar en la escucha de las víctimas y pobladores de la región, como en el desarrollo de un debate técnico e informado entre los solicitantes y las entidades involucradas.
26.000
hectáreas del proyecto Hidroituango podrían verse afectadas con la protección.
