La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió públicamente a la carta que el antiguo secretariado de las extintas Farc envió al presidente Gustavo Petro en la que expresó varios desacuerdos frente a las decisiones emitidas por la justicia transicional.
La misiva fue enviada a la presidencia el día que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llegó al país para verificar los avances de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, a través del que se desmovilizó este grupo al margen de la ley y permitió la creación de la JEP.
El mensaje fue firmado por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el último comandante de las FARC; Jaime Parra, alias Mauricio Jaramillo; Milton Toncel, alias Joaquín Gómez; Pablo Catatumbo Torres; Pastor Alape; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, y Rodrigo Granda.
Los excombatientes aseguraron que el modelo de justicia transicional se está alejando del espíritu del Acuerdo y se está acercando más a un tipo de sometimiento. Al respecto, el magistrado Roberto Vidal, presidente del Tribunal de Paz, indicó que existe un marco jurídico riguroso.
“El diseño de la Jurisdicción estableció un conjunto de beneficios que está sujeto al cumplimiento de un régimen de condiciones que todos los comparecientes deben cumplir”, aseveró Vidal, al tiempo que subrayó que el propósito de la JEP es “el esclarecimiento de la verdad”.
Además del esclarecimiento, la idea de la Jurisdicción es garantizar los derechos de las víctimas. Por ello, Vidal manifestó que “la imputación de los crímenes, bajo el derecho internacional, a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal”.
Para los firmantes de la carta, las investigaciones de la JEP, la determinación de responsabilidades de mandos alejados del exsecretariado y la aparente falta de amnistías produce “desconfianza”, lo que podría llevar “a apartarse de las decisiones proferidas por esa jurisdicción”.
Sin embargo, para la JEP, la ley es muy clara, por eso le advirtió a los exintegrantes de las extintas Farc que “aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan de manera grave sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios”, lo que llevaría a reactivar los procesos y las sanciones penales contempladas en la justicia ordinaria.
“La Jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal, que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”, afirmó el presidente del órgano transicional.
Comunicación que Roberto Vidal concluyó con un llamado “a la sociedad, a las víctimas, a los organismos transicionales, a los organismos de control, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno nacional para rodear el Acuerdo Final de Paz y velar por el respeto y autonomía de la JEP”.
