No importó si eran mujeres civiles, guerrilleras, paramilitares o del Ejército, fueron violadas, desplazadas, discriminadas y obligadas a abortar. Algunas tuvieron que criar a sus familias sin la figura paterna por culpa de la guerra, y otras tantas quedaron en medio de esa guerra cruzada para que los combatientes pudieran desquitarse y demostrar su poder, ultrajando a las mujeres que relacionaban con el enemigo.
Aun con un subregistro enorme y con todas esas niñas, jóvenes y adultas que se negaron a denunciar, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, estima que hubo 35.178 víctimas de esos crímenes por parte de todos los grupos armados entre 1957 y 2026.
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De ahí la importancia de la noticia histórica que dio este miércoles la JEP: a partir de esta semana se abrió un nuevo macrocaso en esa Jurisdicción que investigará “la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual y la identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”.
Se trata del Macro Caso 11 que aún no tiene un magistrado titular, pero que investigará a fondo tres grandes formas de victimización.
En los dos primeros subcasos, la Jurisdicción indagará por el dolor de las mujeres civiles, aquellas que no tenían nada que ver con ninguno de los grupos armados y que aun así sufrieron violencia de género en el marco del conflicto.
El primero indagará por las victimizaciones de miembros de la extinta guerrilla de las Farc contra civiles, mientras que el segundo se ocupara de esos mismos delitos pero cometidos desde la Fuerza Pública del Estado.
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Un tercer subcaso, por su puesto, se dedicará a estudiar las violencias ejercidas al interior de las tropas de la guerrilla y del Ejército.
Respecto a este último punto, la JEP especificó que en el caso de la Fuerza Pública, “la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, entre los 18 y 23 años de edad, muchos de ellos se encontraban prestando el servicio militar. Los hechos, que van desde acoso sexual hasta accesos carnales violentos, se atribuyen en su mayoría al Ejército y a la Policía”.
Mientras que para el caso de las Farc, las víctimas son en su mayoría mujeres jóvenes, entre los 18 y 29 años.
Dicha población fue víctima de “aborto forzado por más que esa guerrilla se haya negado a aceptarlo–, anticoncepción forzada, acoso sexual e imposición de sanciones por negarse a requerimientos sexuales y violaciones, hechos que son calificados por las víctimas u organizaciones como esclavitud sexual y obligación de entregar a los hijos e hijas a terceras personas con la consecuente imposibilidad de ejercer su maternidad, entre otros”, concluyó la JEP.
Pese a que la Jurisdicción calificó el caso como “uno de los más importantes por su contenido reparador”, está claro que se tardó mucho más de lo que las víctimas hubieran querido, pues era una petición constante de mujeres y hombres víctimas de violencia de género para que la JEP escuchara sus testimonios y responsabilizara a los culpables.
Tras muchos meses de lucha, las víctimas y la Procuraduría General de la Nación, que también presionó mucho para que se reabriera este caso, ganaron la pelea.
