Tras la invasión de tierras que afecta a 10 departamentos del país, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta en la que pide actuar de manera inmediata y amenaza al ministro de Defensa, Iván Velásquez, con futuras investigaciones disciplinarias si le ordena a la Policía Nacional no actuar ante las ocupaciones ilegales de predios.
En su más reciente llamado de atención, el ente de control aseguró que la ocupación de tierras avanza con fuerza en Cesar, Cauca, Huila y Valle del Cauca y que “se requiere de una mayor actuación” para defender el derecho a la propiedad privada. Incluso, le ordenó a sus procuradores territoriales actuar “de inmediato” cuando reciban denuncias de los afectados para lograr evacuar a los invasores dentro de las 48 horas iniciales.
Pero la procuradora general, Margarita Cabello, fue más allá. Según dijo en entrevista con medios radiales, habría una supuesta actuación ineficiente de la Policía quien, según ella, “se está quedando quieta cuando la orden es defender las propiedades”.
De hecho, aseguró haber “escuchado en pasillos” el rumor de que había una orden directa de no hacer nada ante las invasiones, lo que daría lugar a sanciones por parte de la Procuraduría.
En respuesta, Vélasquez salió a defender las actuaciones de la Fuerza Pública asegurando que, una vez pasan las primeras 48 horas después de la ocupación, el delito tiene un tratamiento jurídico distinto y, por ende, requiere de la orden de un juez para desalojar a los ocupantes.
“Pasadas las 48 horas, la Policía solo puede actuar si tiene esa orden judicial”, dijo Velásquez, quien también negó haberle dado alguna orden a la cúpula militar de no intervenir.
Y en eso coincidió el coronel Edgar Cárdena, Subjefe Nacional del Servicio de Policía, quien aseguró que la Ley los ordena a esperar la autorización de un juez cuando las comunidades ya llevan más de dos días de invasión.
Según él, el escuadrón antidisturbios ha tenido que intervenir en por lo menos 40 procedimientos: 6 de ellos en aplicación de medida preventiva dentro de las primeras 48 horas, 4 por ordenes judiciales y 30 más tras ordenes administrativas.
Pese a esas medidas, fuentes de la Procuraduría dijeron que la entidad está preocupada porque “hay invasores profesionales y delincuenciales” que son un cuento a parte de las comunidades indígenas que llegan en situaciones más empíricas.
Según Cabello, varios de esos grupos llegan en camionetas de alta gama y armados, lo que demostraría un modus operandi de organizaciones ilegales que se aprovechan de la situación para apoderarse de predios y luego “vendérselos a familias pobres”.
Invasiones no cesan
Las ocupaciones ilegales, que ya se convirtieron en una de las “papas calientes” del gobierno del presidente Gustavo Petro, generaron también pronunciamientos desde la vicepresidenta Francia Márquez y los ministerios de Agricultura y del Interior. En bloque, los funcionarios han pedido salir voluntariamente y evitar confrontaciones con las autoridades.
La más reciente en volver a llamar al orden fue la ministra Cecilia Orozco, quien prometió que el Gobierno “sí hará una redistribución de tierras”, pero pidió desocupar los predios y frenar las invasiones para avanzar con la reforma agraria que, precisamente, ayudará a cumplir ese objetivo.
Ese llamado, sin embargo, no caló bien en varias de las familias que llevan acampando en predios desde hace varias semanas. “No nos pueden exigir irnos de acá sin nada. Es gente pobre que, en muchos casos, no tiene a dónde ir. El Esmad ha intentado entrar y se ha resistido porque somos muchos (...) hay que buscar una solución, pero definitivamente no es sacarnos a todos”, dijo una de las mujeres que ocupa un predio en Caloto, Cauca.
Por ahora, los azucareros, ganaderos y terratenientes –que son los más afectados– le han solicitado al Gobierno tomar medidas drásticas e impedir que comunidades sigan ingresando a los lotes. Fedegán, por ejemplo, alertó que ya serían 18 los departamentos afectados y que las invasiones no paran, aunque la cifra oficial se mantiene en 10.
Lo cierto es que la Policía sí ha tenido que intervenir en cientos de casos. Según confirmó el director de la Policía, Henry Sanabria, en entrevista con EL COLOMBANO, la institución ya ha registrado 600 situaciones de “conflictividad” en las que la Fuerza Pública intervino.
