Un informe reciente de la Contraloría General de la República sacó a la luz graves problemas de manejo financiero en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). El documento, de 442 páginas, evidencia una serie de irregularidades que explican, en parte, las tensiones entre algunas Empresas Promotoras de Salud (EPS) y el Gobierno Nacional.
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Las falencias se encontraron en el flujo de los dineros del SGSSS asignados entre 2020 y 2022, reconociendo un desconocimiento de las cifras reales. El documento señala 25 hallazgos o irregularidades administrativas, sin embargo, no habla de pérdidas o de detrimento patrimonial.
Según el informe al que tuvo acceso el diario El Tiempo, la Contraloría identificó que un total de 3,44 billones de pesos no fluyeron adecuadamente en el sistema de salud debido a discrepancias en las facturas de servicios, conocidas como glosas definitivas, entre las EPS y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Estos problemas no solo demuestran la existencia de falencias administrativas, sino también la falta de un conocimiento claro de las cifras reales del sistema, lo que afecta la toma de decisiones efectivas en cuanto a la gestión de los recursos.
El documento de la Contraloría reveló, además, un panorama preocupante sobre la transparencia y coordinación dentro del SGSSS. A pesar de que desde 2013 existe una circular del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para regular los recobros y deudas entre EPS e IPS, el informe indica que aún no se conocen con precisión los datos financieros reales del sistema. Esta falta de claridad en la información fragmenta la gestión financiera y dificulta la identificación de las necesidades reales del sector.
Las EPS han manifestado que la asignación tardía de los presupuestos máximos, que son anticipos para cubrir servicios no explícitamente excluidos del Plan de Beneficios en Salud, ha sido un factor que contribuye a la acumulación de deudas.
La Contraloría encontró que no existe una frecuencia establecida para el ajuste de estos presupuestos, lo cual repercute negativamente en el flujo de recursos hacia las aseguradoras. Además, el informe señala que las EPS no han cumplido con las normativas respecto a las reservas técnicas, una situación que podría poner en riesgo su estabilidad financiera a largo plazo.
Una de las revelaciones más alarmantes del informe es la discrepancia entre las cifras reportadas por la Supersalud y el Ministerio de Salud respecto a las cuentas por cobrar de EPS liquidadas. Mientras que las IPS reportan un total de aproximadamente 999 mil millones de pesos, el Ministerio de Salud registra una cifra de 3,7 billones de pesos. Esta falta de concordancia sugiere que una parte considerable de estas cuentas son incobrables, lo cual añade una carga financiera adicional al ya sobrecargado sistema de salud.
El informe de la Contraloría también pone en entredicho la efectividad de la supervisión ejercida por el Ministerio de Salud y la Supersalud. Las críticas se centran en la falta de evaluación adecuada de resultados, la ausencia de indicadores claros y la deficiencia en la vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normativas por parte de las EPS e IPS.
Esta falta de supervisión ha permitido que se mantengan prácticas como la presentación repetida de glosas, lo que incrementa los costos administrativos y dificulta la eficiencia del sistema.
Algunas inconsistencias encontradas en el informe son:
Reservas técnicas inadecuadas: El informe reveló que varias EPS, incluyendo Nueva EPS, Capital Salud, Famisanar, Pijao Salud y Coosalud, no estaban cumpliendo adecuadamente con el régimen de inversión de las reservas técnicas. Esto significa que no tenían las reservas necesarias para cubrir sus obligaciones, lo que puede comprometer la capacidad de estas entidades para atender a sus afiliados en situaciones críticas.
Pago sin justa causa: Se detectaron pagos por parte del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a entidades que ya habían sido liquidadas, y estos pagos no fueron reintegrados al sistema. La suma de estos pagos injustificados asciende a aproximadamente 165.957 millones de pesos. Esta irregularidad resalta la falta de control en la administración de los recursos financieros.
Desarticulación en los flujos de información: La auditoría encontró una notable falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información utilizados por las entidades del sector salud, lo cual dificulta la comprensión completa de la situación financiera del sector. Esta desarticulación contribuye a la ineficiencia en la gestión de los recursos y dificulta la toma de decisiones informadas.
Reprocesos y costos adicionales: El informe menciona que debido a la ineficacia de las acciones de recuperación de recursos y los procedimientos normativos, se generaron reprocesos y desperdicios que incrementaron los costos operativos del SGSSS. Este manejo ineficiente de los recursos implica un uso antieconómico del presupuesto destinado a la salud.
Falta de control y monitoreo: Las acciones de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud para mitigar estas irregularidades fueron calificadas como débiles. La Contraloría señaló que faltaba medición y seguimiento adecuado sobre el flujo de los recursos y la efectividad de las medidas adoptadas para prevenir estas irregularidades.
En conjunto, estos hallazgos indican un problema sistémico en la gestión de los recursos de salud en Colombia, que requiere de reformas estructurales y un fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión para garantizar una administración eficiente y transparente de los fondos públicos destinados al sector salud.
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Esto representa un llamado de atención a las autoridades y a todos los actores involucrados en el sistema de salud para tomar medidas concretas y mejorar la gestión de los recursos, asegurando así un acceso justo y eficiente a los servicios de salud para todos los colombianos.
