Mientras Lesly Mucutuy, Soleiny Mucutuy, Tien Noriel Ronoque Mucutuy y Cristin Neriman Ronoque Mucutuy se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá tras haber sido rescatados por las Fuerzas Militares el pasado 9 de junio, luego de pasar 40 días en la selva, se siguen conociendo detalles de su caótico entorno familiar, razón por la que actualmente están bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.
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Esta decisión se tomó tras las presuntas denuncias de maltrato intrafamiliar y abuso sexual que recaen contra Manuel Mucutuy, padre biológico de los dos niños más pequeños y padrastro de las dos más grandes, acusaciones que fueron ratificadas por los integrantes de su comunidad indígena, quienes fueron más allá y señalaron que el hombre, que participó en la “Operación Esperanza”, debería estar en la cárcel.
William Castro, gobernador indígena del resguardo Puerto Sábalo-Los Monos, conformada por indígenas de la etnia Uitoto y a la que pertenecen los niños, aseguró que Ranoque era una persona violenta.
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“Ese señor ya daba indicios de una vida desordenada. Él se tomaba sus tragos y reaccionaba violento, muy violento”, contó el gobernador indígena en diálogo con el programa Los Informantes, de Caracol Televisión.
De hecho, en una de sus borracheras, Ranoque, al parecer, agredió físicamente a Magdalena Mucutuy, la madre de los cuatro niños que murió en el accidente aéreo luego de que la avioneta en la que viajaban desapareciera el pasado 1 de mayo.
“Vecinos fueron testigos de una golpiza que él le dio a la mamá de los niños, la agredió con machete. Había intentado abusar de la hija mayor de Magdalena”, agregó. También se supo que en ese tipo de episodios los cuatro niños huían de su vivienda y se internaban en la selva para no ser víctimas del maltrato del hombre.
Castro aseveró además que las supuestas amenazas de las disidencias de las Farc que denunció Ranoque fueron una excusa para huir de sus responsabilidades familiares y con la comunidad, pues él también era gobernador de su resguardo.
Contó que, a principios de abril, Ranoque viajó a Bogotá como gobernador de Puerto Sábalo. Para ese viaje le habían entregado 6 millones de pesos con el fin de que hiciera gestiones ante el Gobierno, pero aseguran que no hizo nada y regresó diciendo que lo habían atracado. Además, volvió a la comunidad con otra mujer, a pesar de que ya tenía una familia.
“Trajo una señora, teniendo la mujer (...) Se pavoneaba diciendo que tenía dos mujeres (...) Él nos decía, delante de la compañera, que supuestamente iban a convivir los tres”, agregó Castro.
En vista de todo lo que había pasado, Ranoque fue destituido como gobernador.
“Hicimos una destitución al compañero, nos reunimos a los dos días después de los hechos en una reunión extraordinaria y en consenso hicimos una destitución”, dijo el ahora gobernador.
Por todo lo relatado, Carlos Aguirre, otro líder indígena, aseguró que el padre de los menores debería estar pagando una condena en prisión. “Para nosotros como pueblo indígena, él debería estar pagando la condena en una cárcel, él cometió un delito en el resguardo”, dijo.
Otro integrante de la comunidad indígena opinó sobre la custodia de los menores y aseguró que era un riesgo que quedaran en manos de su padre; no obstante, también indicó que tampoco era del todo bueno que los niños se quedaran con sus abuelos maternos. Estas dos partes son quienes están peleando la custodia de los niños.
“Sabemos bien el recorrido del padre, no sería bueno darle la custodia al padre por los delitos que ha cometido (...) Fue intento de violación contra la hija. Él tenía un castigo y se fue para no cumplirlo”, comentó el indígena, que no quiso revelar su identidad en diálogo con Los Informantes.
Debido a la situación de los menores, el Icbf se hizo cargo de ellos desde el momento en que fueron trasladados a Bogotá. La directora de la entidad, Adriana Velásquez indicó en su momento que la institución que dirige adelanta las investigaciones pertinentes, pero se guardará “estricta reserva”.
“Todas las denuncias, los hechos y las acciones de verificación son objeto de análisis por parte de la defensora de familia asignada por el Icbf desde la Dirección Regional de Bogotá y guarda estricta reserva. No nos podemos manifestar sobre ese tema”, sostuvo la funcionaria.
