La Conferencia Episcopal, a través de un comunicado, sentó este lunes su postura frente al sentido de la decisión de la sentencia C-233/21 de la Corte Constitucional, que se dio a conocer el pasado 22 de julio y que amplía el derecho fundamental a morir dignamente a quienes padezcan intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave e incurable, por lo que ahora no es un requisito ser paciente terminal para solicitar la eutanasia como había dispuesto el mismo alto tribunal en 1997.
En el pronunciamiento, firmado por Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, en conjunto con los sacerdotes Omar Sánchez, vicepresidente, y Luis Manuel Alí Herrera, secretario de esta Conferencia, se dieron a conocer los argumentos de la Iglesia Católica para oponerse a la eutanasia. Asegura que “fomenta la corrosión de valores fundamentales del orden social”.
Y se agrega que “las condiciones de grave enfermedad o relacionadas con el final de la vida deben afrontarse con profunda delicadeza y respeto, ya que son situaciones dolorosas, que ponen a prueba a la persona en su integridad y a su entorno familiar”.
El pronunciamiento de la Iglesia también responde a la resolución 971 del Ministerio de Salud, donde se establecieron los lineamientos para la eutanasia. En dicha resolución del Gobierno, se dispone que, para activar este mecanismo, quienes se encuentren en agonía o padeciendo una enfermedad avanzada o terminal podrán manifestar su voluntad de manera verbal o escrita.
En todo caso, para la Iglesia, esta postura y en específico la de la Corte “constituiría un serio peligro para los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, sobre quienes pendería el peso de la posible supresión de sus vidas, dando lugar a un serio condicionamiento para el ejercicio de las libertades”.
Para entender los antecedentes de esta posición, EL COLOMBIANO habló con expertos en asuntos legales y católicos. El doctor en Derecho Canónico, Alejandro Olano García, manifestó que la postura de la Iglesia puede verse reflejada en su Catecismo, en el que esta práctica “es moralmente ilícita, ya que cualesquiera que sean los motivos y los medios, esta consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, por lo que se considera un crimen”.
Pero el jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad CES, John Wilson Osorio, contradice ese argumento y afirma que la vida le pertenece a cada individuo y solo es él quien tiene la potestad de decidir sobre ella: “Los pronunciamientos de la Corte y del Ministerio no quieren decir que todos debamos aplicarnos la eutanasia; simplemente se ampliaron las posibilidades de elegir”.
En otra orilla está el abogado y Monseñor, Jorge Aníbal Rojas, quien explica que su comunidad religiosa pretende “procurar que el paciente acceda a una serie de tratamientos paliativos, aunque muchas veces suelen ser costosos, para que el desenlace sea la muerte natural”. Y aquí coincide con la Conferencia Episcopal, que aboga por potenciar ese tipo de ayudas (cuidado paliativos) para salvaguardar la vida.
De hecho, el Vaticano se había referido a este tema, en septiembre de 2020, afirmando que “incurable no significa incuidable”.
Para el abogado canónico Olano García, la Iglesia considera que los cuidados paliativos “ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor, así como garantizan acompañamiento médico y espiritual a los enfermos y a sus familias”.
Por eso, en su pronunciamiento de este jueves, la Iglesia Católica le propuso al Estado “garantizar la debida atención sanitaria a las personas que sufren lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, especialmente cuando se trata de los más pobres”.
Para Osorio, los paliativos son importantes porque una persona que haya pensado en su eutanasia, si tiene buenos cuidados, se puede retractar. Aclara que “el hecho de que exista esta alternativa no quiere decir que es argumento para negarle al otro la posibilidad de morir dignamente”
