Hizo falta que las altas cortes se volvieran a pronunciar sobre el asedio al Palacio de Justicia durante las protestas del pasado 8 de febrero. Las palabras del presidente Gustavo Petro sobre lo ocurrido fueron criticadas y redujeron a lo simple la violencia que ejercieron algunos marchantes.
Por eso, el recién posesionado presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, tuvo que condenar otra vez dichas actuaciones y le pidió al mandatario que tenga en cuenta que “no se puede minimizar lo que sucedió ese día”, aunque las cifras no hablen de muertos o heridos.
Ese día al que hace referencia el togado, algunos manifestantes a favor de Petro bloquearon todas las salidas del Palacio de Justicia. La situación se agravó cuando se conoció que la Corte Suprema no había elegido a la próxima fiscal general, sino que la votación habría quedado nuevamente aplazada.
Esa decisión le dio entrada a la entonces vicefiscal Martha Mancera a quedarse con la dirección de la entidad, algo que no cayó bien dentro de los sectores afines a Petro, que incluso llegaron al lugar con el objetivo de ejercer presión a los magistrados para que la elección de una de las ternadas fuera una realidad.
Las protestas se avivaron al punto de que circulan videos de personas tratando de ingresar a la fuerza al recinto. Los magistrados, mientras tanto, quedaron atrapados en el edificio y no pudieron salir hasta que la Policía y miembros del antiguo Esmad lograron disolver la multitud. Horas más tarde salieron escoltados en sus camionetas en medio de gritos, piedras y arengas.
Un día después, el presidente Petro, durante la Cumbre de Gobernadores de la FND, aseguró que se creó una “fantasía noticiosa” alrededor de las manifestaciones, desconociendo los llamados de atención y los mensajes de rechazo que ya habían hecho desde las cortes.
“No hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro porque siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, ellos le dijeron al General de la Policía que no querían salir, que iban a trabajar más”, dijo Petro.
Según el mandatario, las manifestaciones fueron en general pacíficas, supuestamente solo hubo dos momentos breves de desmanes en Bogotá y Medellín.
Sin embargo, el magistrado Reyes lo desmintió y le aclaró lo que pasó.
“El presidente dijo que nunca los dos magistrados pudieron estar imposibilitados de movilizarse, es decir, entrar y salir, que podían hacerlo a placer entrar y salir. Eso no es cierto por las imágenes que vimos, es decir, creo que es necesario reconciliarnos con la verdad. Hubo desmanes, hubo abusos, hubo extralimitaciones, hubo manifestaciones violentas”, aseguró.
En ese contexto, el nuevo presidente de la Corte hizo un llamado a retomar la discusión con calma y evitar los actos violentos en torno a la elección de la nueva Fiscal.
En un comunicado anterior, la magistrada Diana Fajardo, expresidenta de la Corte, ya había advertido sobre la necesidad de respetar la autonomía judicial y los tiempos.
“(Esta Corte) llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrente a las Instituciones de la Justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”, explicó Fajardo.
Así mismo, rechazaron de manera contundente el asedio que para los magistrados no fue algo mínimo. “La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos, todos, estamos esperando”, concluyó.
Por su parte, la Corte Suprema ya se había pronunciado y señalaron de grave el asedio al Palacio. Para la Corte, el bloqueo “además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.
El alto tribunal indicó que defiende el derecho a la libre protesta, pero que “es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”.
