Mientras las autoridades continúan investigando el alcance de los tentáculos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la influencia de los implicados, un reciente nombramiento ha generado una ola de controversia y críticas.
María Elena Ortiz Nova, hermana de Sandra Ortiz, una de las principales involucradas en el escándalo de corrupción, asumió el pasado 4 de enero como secretaria de Minas y Energía de Boyacá.
El acto de posesión, liderado por el gobernador Carlos Amaya en el municipio de Socha, se realizó en un evento público que congregó a familiares y allegados.
El nombramiento ha despertado suspicacias debido a los lazos familiares de Ortiz Nova con Sandra Ortiz, quien enfrenta graves acusaciones de tráfico de influencias y lavado de activos, y actualmente se encuentra privada de la libertad.
Sin embargo, el gobernador Amaya defendió la designación a través de sus redes sociales, resaltando las credenciales y trayectoria de la nueva secretaria.
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“Confiamos en su experiencia y compromiso para impulsar el desarrollo sostenible del sector minero-energético, trabajando siempre en beneficio de las y los boyacenses y del medio ambiente”, afirmó el mandatario.
Más allá del vínculo familiar, María Elena Ortiz Nova cuenta con una amplia carrera en el sector público y privado. Es administradora de empresas, oriunda de la provincia de Valderrama, Boyacá. Fue alcaldesa del municipio de Paz de Río, directora financiera y fiscal del departamento, secretaria de Minas y Energía durante la gobernación de Ramiro Barragán Adame, y más recientemente, gerente del Instituto Financiero de Boyacá (Ideboy) hasta diciembre de 2024.
“¡Muchos éxitos en esta nueva etapa al servicio de nuestra Boyacá grande!”, expresó nuevamente el gobernador Amaya.
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Pese a los logros profesionales de María Elena, la familia Ortiz Nova no escapa a las críticas debido a la judicialización de Sandra Ortiz, señalada de participar en una red criminal que habría saqueado recursos públicos mediante contratos fraudulentos en la UNGRD.
Durante las audiencias, la Fiscalía presentó a Sandra Ortiz como una pieza clave del esquema corrupto, acusándola de gestionar sobornos a congresistas a cambio de favores políticos para el Gobierno de Gustavo Petro.
Sandra Ortiz, quien se declaró inocente, se defiende de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. El peso de las acusaciones ha colocado a su familia en el centro del escrutinio público, lo que ha intensificado el debate sobre el reciente nombramiento de su hermana en un alto cargo en el departamento de Boyacá.