Néstor Osuna, ministro de Justicia, señaló que el hacinamiento de detenidos en las estaciones del Policía de Colombia se ubicó en el 200%. El jefe de la cartera indicó que en estos centros hay personas sindicadas y también condenados que deberían estar en una cárcel y no en un centro de detención transitorio.
“La situación es muy variable porque hay personas que entran, que salen, estaciones que se habilitan o se deshabilitan, pero podríamos estar en un hacinamiento en las estaciones de policía rondando en un 200%”, señaló Osuna durante una visita al departamento del Quindío para verificar la construcción de un nuevo pabellón de la cárcel Peñas Blancas.
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La situación en las cárceles es similar. El sistema penitenciario tiene capacidad para 81.907 personas, pero tiene que albergar una población reclusa de 102.399 personas. El hacinamiento, de acuerdo a las cifras entregadas por el Inpec, es del 25%.
De manera provisional, el ministro aseguró que se están generando convenios con las 125 cárceles del país para que continúen generando cupos para los detenidos.
Para el próximo 20 de julio el ministerio de Justicia se comprometió a radicar ante el Congreso los primeros proyectos de ley de la reforma a la Justicia. Entre otras cosas, el paquete de medidas busca descongestionar las cárceles.
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La tesis del Gobierno y de una comisión de expertos que se formó para pensar los articulados, es que las tendencias de mayor encarcelamiento han llevado al hacinamiento y así, se han precarizado los servicios que buscan llevar a la resocialización a los reclusos.
Uno de los puntos –en uno de los borradores de proyecto de ley– busca que los responsables de delitos, cuya pena llegue hasta los seis años, no vayan a prisión. También pretende que la prisión domiciliaria sea otorgada para delitos cuyas penas vayan hasta los 12 años.
Con esta medida, por ejemplo, los responsables de delitos como el hurto serían excarcelados y recibirían penas alternativas o de detención domiciliaria. Solo por este delito hay 23.375 personas recluidas –entre detenidos y condenados– en las cárceles del país.
La Comisión argumentó que las medidas privativas de la libertad no se han traducido en una reducción de la criminalidad. La intención del Gobierno es que se apueste por un modelo de justicia restaurativa como el modelo que solucione los conflictos que se tramitan en la vía penal.
