El Gobierno de Gustavo Petro decidió romper su pasividad frente a las invasiones de tierras que se están registrando en al menos cuatro regiones y dio una instrucción perentoria: las poblaciones que se tomaron a las fuerzas esos terrenos tienen 48 horas para desalojar o serán retiradas por la fuerza.
La advertencia se realizó desde la Casa de Nariño en una declaración encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez, lo cual es un gesto simbólico pues la mayoría de invasores son comunidades afrodescendientes e indígenas.
“No aceptamos, rechazamos y les solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o inadecuada invadiendo predios privados, a lo largo y ancho del país, que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”, dijo Márquez en la declaración de este martes.
Y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue mucho más allá para ratificar el mensaje previamente coordinado con el propio Petro.
“Son prácticas inaceptables para este gobierno, de manera que las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes tomar todas las medidas y realizar las acciones necesarias para desalojarlos”, aseguró Velásquez.
Lo que se les está saliendo de las manos es que varias comunidades, aupadas en el discurso de “democratización de la tierra” que enarboló Petro en campaña y que ha venido ratificando durante los 24 días de mandato que lleva, se vienen tomando a la fuerza terrenos baldíos o arrebatados a la mafia a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Los casos se han registrado en Meta, Valle, Cauca, Cesar y Huila, donde, incluso, se ha tenido que ordenar la intervención directa del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Un ejemplo reciente de este bumerán que se le está devolviendo a Petro tuvo una génesis en Villavicencio, la capital del Meta. El Jefe de Estado dijo allí el 17 de agosto: “Los bienes que están en manos de la SAE, porque ya concluyó el proceso de extinción de dominio o que están en proceso jurídico, desde ahora se ponen al servicio del pueblo y este es un ejemplo completo, acá en Villavicencio, comenzamos con este lote”.
Y el 23 del mismo mes –cinco días después de las palabras de Petro– se registró la invasión en Dagua, Valle. Al lugar tuvieron que llevar a representantes de la SAE y la alcaldesa de Dagua, Ana Sanclemente, para dialogar con las 200 personas, que reclamaban su ‘derecho’ a asentarse en ese terreno.
Y es ante estas situaciones, sobre los que la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otras organizaciones llamaron la atención, es que el Gobierno Petro salió este martes a pedir que se pare con la invasión.
Además de las declaraciones de Velásquez y Márquez, se sumó la de la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien ratificó que estas invasiones terminan golpeando las políticas que quiere implementar el Gobierno.
“Confirmamos que sí va a haber reforma agraria para buscar equidad en el acceso a la tierra, pero pedimos a los colombianos respetar la tenencia y la propiedad. Quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades”, dijo López tras leer una declaración conjunta del Gobierno.
Ahora, lo significativo también está en que no fue el mismo Petro el que salió a rechazar las invasiones, sino que puso a su Vicepresidenta.
Pero, para dejar claro que no quieren que este lío se les vuelva un tema inatajable de índole nacional, es que el Ministro de Defensa dijo que se analiza si hay o no presencia de grupos ilegales en estas tomas.
“No tenemos evidencias como para poder hacer esa afirmación rotunda, pero tampoco descartamos que esto sea parte de una política de organizaciones ilegales”, dijo.
