Si bien el presidente ha arreciado en la tesis de que detrás de la investigación hay un intento de golpe de Estado, expertos descartan esa tesis y aclaran que el CNE solo puede imponer sanciones administrativas, sin afectar su mandato.
No cesa la polvareda política tras la determinación adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que, tras meses de indagación y análisis, resolvió abrir una investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro.
Si bien el primer mandatario ha arreciado en la tesis de que detrás habría un supuesto golpe de Estado y que la decisión es inconstitucional –por lo que ha llamado a sus bases a la movilización–, lo cierto es que la máxima sanción, en el peor de los escenarios, le significaría al jefe de Estado una multa de hasta el 10 % de los recursos que el Estado desembolsó a la campaña o la devolución total o parcial de los dineros.
Según expertos, la tesis del supuesto golpe se desvirtúa en la medida en que el CNE solo puede imponer sanciones administrativas, como la devolución de la reposición de los votos. Como lo ratificó en fallos recientes el Consejo de Estado, la potestad de sancionar penal o disciplinariamente al presidente sigue en manos del Congreso a través de la Comisión de Acusaciones.
De hecho, juristas del calibre de Rodrigo Uprimny –investigador de la corporación Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional–, han señalado que la tesis del presidente Gustavo Petro no solo “carece de sustento”, sino que es peligrosa y “desdice de su investidura” presidencial.
“El CNE tiene competencia para investigar irregularidades en los gastos de las campañas. Es lo que está haciendo frente a la de Petro. Y aunque admite alguna controversia, estoy de acuerdo con la Sala de Consulta del Consejo de Estado (SCCE) en que el CNE puede imponerle al presidente ciertas sanciones administrativas, como multas, si verifica la violación de estos topes”, explicó recientemente en una columna en El Espectador Uprinmy.
De acuerdo con el jurista, la posible verificación de la violación de los topes no implica de ninguna manera la salida del cargo del jefe de Estado, “ya que su eventual destitución solo puede ser decretada por el Congreso. La SCCE defendió entonces la esencia del fuero presidencial”.
“Si el CNE concluye que fueron violados los topes electorales (lo cual es poco probable pues requiere el voto favorable de seis de sus nueve integrantes), entonces podrá imponerle sanciones pecuniarias a Petro, pero no podrá tocar su período presidencial. En eso hay consenso entre las cortes y los expertos. Lo único que podría hacer el CNE es presentar la denuncia a la Comisión de Acusaciones, pues corresponde exclusivamente al Congreso evaluar la posible culpabilidad de Petro”, agregó.
Incluso, se presume que la definición de cualquier consecuencia sobre la campaña podría verse incluso después de que Petro abandone el cargo en agosto de 2026. Así lo han explicado varios juristas y exmagistrados del CNE que conocen bien los tiempos y la forma en la que operan las investigaciones.
“Con los tiempos y las herramientas que tiene la defensa del presidente, es muy probable que el país conozca la verdad sobre la campaña luego del 2026 cuando el presidente termine su mandato, si así lo quiere Gustavo Petro”, afirmó, por su parte, el abogado Hollman Ibáñez, experto en derecho electoral.
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