El pasado miércoles 28 de febrero se conoció de la designación de Gustavo Gómez Aranguren como nuevo director de la Agencia de Defensa Jurídica. Gómez fue presidente del Consejo de Estado y ya había dado una primera entrevista a este diario, en donde habló de la licitación de Thomas Greg and Sons. El jurista dijo que no había que “asustarse” con el contrato y su falta de conclusión porque ya había mucha jurisprudencia al respecto.
A pesar de que el Gobierno había confirmado su designación y su hoja de vida ya estaba expuesta en Función Pública, fuentes de Presidencia le confirmaron a EL COLOMBIANO que el connotado abogado no podrá asumir el cargo porque “por edad de retiro forzoso no puede ser director”, dijo una fuente de Casa de Nariño.
Gómez iba a reemplazar a Martha Lucía Zamora, quien se fue de la Agencia en la dura controversia con el suspendido canciller Álvaro Leyva. Zamora denunció que Leyva la había maltratado y también acusó a su hijo, Jorge Leyva, de tener una reunión con un alto funcionario de la Cancillería en Paris para supuestamente hablar del contrato por 600.000 millones de pesos de la producción de pasaportes en Colombia.
Por esa declaración, Zamora terminó yendo a la Fiscalía en donde solo dijo que esa información se la habían entregado en un chat de WhatsApp que se le había borrado y dijo no tener más evidencias. Pero no acabó ahí.
El tema terminó escalando tanto, que la Procuraduría suspendió a Leyva; el secretario de la Cancillería, Juan José Salazar, terminó publicando la resolución de adjudicación del contrato a penas le regresaron funciones; y el canciller fue suspendido oficialmente -lo que desató una controversia dentro del Gobierno que dijo otra vez que no va a firmar el contrato-; y hasta se conoció de un pago de 30 millones de pesos en un presunto caso de extorsión por parte de Leyva, que estaba buscando información incriminatoria en contra de Thomas Greg and Sons y los hermanos Bautista, dueños de la compañía.
Gómez es abogado de la Universidad del Cauca, hizo estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca en derecho administrativo y fue magistrado del Tribunal Administrativo de Bogotá y presidente del Consejo de Estado. La agencia que iba a dirigir ha tenido importantes pleitos nacionales e internacionales como el de la pérdida de mar territorial con Nicaragua, las audiencias por el Galeón San José y es la encargada de defender a la nación en el caso de la demanda anunciada de Thomas Greg por más de 100.000 millones en los perjuicios tras la reversa del contrato de los pasaportes. No se sabe si el abogado tendrá otro cargo en la Agencia, pero por ahora no será nombrado director.