“Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia.”, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Michel Forst, relator especial sobre este asunto.
Forst visitó Colombia en noviembre y diciembre de 2018, y según dijo a medios el fin de semana pasado, el Gobierno no le facilitó volver al país el año pasado.
De toda la información que el relator pudo conseguir durante su visita, identificó que desde el 2009 el Gobierno ha establecido mecanismos para salvaguardar la labor de los defensores y dirigentes sociales, pero a pesar de todos sus esfuerzos, “la gran mayoría de los defensores en Colombia están en peligro; los riesgos a los que se enfrentan han aumentado en los tres años transcurridos desde la aprobación del Acuerdo de Paz”.
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De acuerdo con su análisis, los más expuestos son los dirigentes sociales que defienden los derechos humanos en las zonas rurales, en particular los que aplican el Acuerdo de Paz y los que defienden los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y los derechos de las comunidades étnicas y afrocolombianas.
“Las personas defensoras carecen además de un reconocimiento público y social positivo, a pesar de declaraciones públicas del Presidente del Gobierno y otras autoridades reconociendo su importante papel, y son deslegitimadas y criminalizadas por otros actores estatales y no estatales”, dice el informe.
Entre los perpetradores, Forst señaló a la Policía, el Ejército, a los carteles de la droga, el crimen organizado, excombatientes de las Farc y empresas internacionales dedicadas a la extracción de recursos que operan en Colombia.
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También dijo el relator especial que a la alta impunidad de estos crímenes, cuya judicialización no llega a los autores materiales, se suma la deslegitimación de las personas defensoras se agrava con su criminalización. “Se han reportado al menos 70 casos en los que se acusa, judicializa y detiene a defensores y defensoras de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (33 de los cuales son del Congreso de los Pueblos) acusados de pertenecer a grupos armados ilegales, como las extintas Farc o el Eln, o de hacer colusión con estos grupos –entre otros delitos– en relación con su liderazgo social a favor de la paz y una solución negociada del conflicto”.
