El Gobierno presentó la ley de Jurisdicción Agraria para que haya dedicación exclusiva de jueces a pleitos agrarios. Miranda denuncia “expropiación exprés”.
Los conflictos alrededor de la tierra son uno de los simientes de la violencia en Colombia. Por ello, con miras a designar jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a resolver los pleitos agrarios y rurales en el país, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley de jurisdicción agraria. Sin embargo, desde ya su tránsito en el Congreso levanta roncha y hay denuncias inclusive de ‘micos’.
El camino arranca empantanado por cuenta de reclamos alrededor de una supuesta expropiación exprés de la tierra. Según la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), en un artículo que consagra la “función social y ecológica de la propiedad agraria”, se contempla que serán sujetos de expropiación “todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural”.
Además, se establece que las actividades de reforma agraria y desarrollo rural serán “de utilidad pública e interés social” y se precisa además que la concentración “improductiva u ociosa de las tierras es contraria a la utilidad pública y al interés social”. La figura de “utilidad pública y de interés social” justamente es la que permite viabilizar la expropiación de tierras cuando se trata de mega proyectos como el metro de Bogotá.
Sin embargo, el artículo elevaría a categoría de “utilidad pública” cualquier predio que tenga vocación agrícola, “sin importar que sea expropiado para un particular”.
Por ello, Miranda cuestionó cuál sería el rasero que se usaría para determinar que la tierra tiene esas características y qué pasaría si alguien tiene una finca en un terreno fértil, “¿puede expropiarse?”, dijo.
Además, advirtió que otro de los artículos indica que procedimientos especiales como los de expropiación serán resueltos por un ente administrativo como la Agencia Nacional de Tierras, pese a que lo hace un juez de la República.
“No más micos, no más violación a la propiedad privada. ¡Respeten a los colombianos!”, alegó la representante, quien sostuvo que el Gobierno no hizo consulta previa para el proyecto, sino que entregaría facultades extraordinarias al presidente para hacer una consulta posterior, “a todas luces inconstitucional”.
En el mismo sentido se pronunció la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático –quien hace parte de la Comisión Primera del Senado, donde aterrizará en primer debate el proyecto–, que alertó que la iniciativa “legaliza la invasión de tierras, revive la expropiación exprés que tumbó la Corte Constitucional y abre las puertas a una persecución a los propietarios del campo”.
Según la congresista, el Gobierno pretende legalizar la invasión de tierras a través del principio de permanencia agraria. “Basta con que los invasores tengan alguna actividad productiva en el predio, como una cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, los puedan desalojar”, dijo.
“No está por ningún lado”
En respuesta, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, intentó restarle fuerza a las críticas asegurando que, en primer lugar, las congresistas deberían leer el proyecto y hacer una revisión comprensiva del texto antes de lanzar acusaciones. “Los que se lo han leído lo han entendido”.
Según Cristo, con la expropiación en el pasado había quienes buscaban saltarse la instancia judicial, pero el proyecto del Ejecutivo busca precisamente que “toda decisión sobre la tierra sea tomada por un juez agrario con segunda instancia en un tribunal”.
Frente al rol de la Agencia Nacional de Tierras, el ministro manifestó que se trata de una instancia administrativa que “también tiene que ser conocida por los jueces agrarios”.
Si bien el ministro manifestó que el Gobierno está abierto al debate, pidió transparencia con miras a consensos. “Seguramente hay vacíos, pero hagámoslo con seriedad y con responsabilidad frente al país y no pretendiendo generar terrorismo mediático, que no le sirve a nadie. Pensemos un poco en los campesinos de Colombia y en la implementación del Acuerdo de Paz (...) la expropiación no está por ningún lado en este proyecto”.
A su turno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió que el proyecto establece que la expropiación agraria es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia.
“Confunden, quizá por desconocimiento del régimen agrario, la expropiación agraria con los procesos especiales agrarios. Confunden la recuperación de baldíos indebidamente ocupados con la revocatoria directa del acto administrativo”, señaló.
Ante ello, la senadora Valencia dijo que lo que se quiere es que los procesos agrarios pasen primero por la ANT en lugar por un juez, “haciendo que, aunque después se pueda demandar, los procesos sean largos y desgasten a los propietarios, afectando gravemente la inversión”.
El proyecto recién arranca su trámite en el Senado, pero desde ya se vislumbran caldeados debates frente a la iniciativa, la primera del paquete de reformas del Gobierno.
