El jefe negociador del Gobierno con la disidencia de las Farc, conocida como Estado Mayor Central (EMC), Camilo González Posso, se refirió este lunes sobre la situación de 100 soldados que fueron secuestrados por guardias campesinas en el Guaviare.
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Al respecto, el funcionario reconoció que esa zona es un área clave de Hermes Tovar, conocido como “El Boyaco”, uno de los jefes del Bloque Jorge Briceño, y quien fue detenido en una caravana de la Unidad Nacional de Protección en Anoría, Antioquia, el pasado 23 de julio.
Vale recordar que la retención ilegal de estos militares ocurrió el pasado viernes 9 de agosto en la capital de ese departamento, San José, y que hacen parte del Comando Específico del Oriente de la Fuerza de Tarea Omega. Habrían sido retenidos por un grupo de personas de una guardia indígena.
La versión oficial señala que los solados estaban “realizando acciones de control y presencia institucional” cuando los abordaron esas personas, que serían habitantes de las veredas Bocas de Caño Cafra y Chuapal.
Como lo reconoció el jefe negociador González, en el sentido de que en esa zona hace presencia el bloque al mando de “El Boyaco”, en ese sector también operan frentes del grupo disidente de las Farc conocidas como Estado Mayor Central —con la cual el Gobierno sostiene una mesa de negociación—, al mando de alias Calarcá Córdoba.
En un documento firmado por González rechazó lo que llamó la “utilización de la población para presionar el retiro de la Fuerza Pública de algún centro poblado o región” y señaló que la delegación bajo su mando ha exigido el fin de esas prácticas “que ponen en riesgo a la población y el orden público”.
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Por otro lado, en diálogo con W Radio el funcionario sostuvo que las personas que retuvieron a los soldados –de los que han sido liberados 40– “no son guerrilleros disfrazados de civiles, son campesinos de carne y hueso”.
“Yo me he reunido con ellos, hemos estado en Concordia, en Puerto Rico y tenemos un proceso para transformaciones territoriales con participación de estas organizaciones”, agregó.
Y ante la posibilidad de entrar por la fuerza al sector donde están los uniformados secuestrados, dijo que esto podría producir peores problemas con la guardia campesina, por lo cual preferían una salida por medio del diálogo.
Ante este hecho, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno para que implemente los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación establecidos en los decretos de cese al fuego con los grupos armados ilegales con presencia en el territorio, que permitan la prevención de incidentes, garanticen el ejercicio de derechos ciudadanos de sus pobladores y eviten posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Así mismo, mostró su preocupación por el uso de vías de hecho por parte de las comunidades en esa zona y pidió que se respete la vida e integridad de los militares y se mantenga el apego a los mecanismos legales vigentes para denunciar y requerir la atención de las instituciones del Estado.
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